Una de las ventajas que supone la revolución informática es la posibilidad de realizar múltiples trámites en línea: desde consultar información de todo tipo, hasta la adquisición de bienes y servicios. Pero también, por desgracia, en el ciberespacio abundan los riesgos.

Con insana frecuencia, los medios de comunicación reseñamos casos de fraudes cometidos a través de páginas web o mediante supuestos call centers. La sofisticación de los defraudadores llega a límites insospechados y todos los días aparecen nuevos mecanismos de estafa.

En esta edición reseñamos dos de los que más recientemente han sido denunciados: el ofrecimiento de trámite de pasaportes y la presunta posibilidad de obtener “préstamos”, hasta por 25 mil pesos, por parte del Banco del Bienestar, una entidad del Gobierno de la República.

Claramente la difusión de advertencias sobre la existencia de estos esquemas fraudulentos no basta para evitar que cotidianamente se sumen nuevas víctimas, porque quienes se esconden detrás de estos modifican de forma constante sus mecanismos de operación.

Frente a esta realidad, ¿debemos conformarnos y asumir que resulta imposible frenar el uso de la tecnología con fines delictivos? La respuesta es no.

Pero para que esa respuesta sea más que una simple manifestación de rechazo a la amenaza de los ciberdelincuentes es indispensable que el Estado actúe con mayor atingencia en la investigación y persecución de quienes operan estos esquemas, particularmente aquellos que dejan huellas que son fácilmente rastreables.

Por ejemplo, en los casos en los cuales se solicita la realización de un depósito en una tienda de conveniencia. Tal operación implica el uso del sistema bancario del País y todas las operaciones que se realizan a través de este pueden ser rastreadas sin dificultad.

Sin embargo, si el procedimiento para denunciar el hecho y que las autoridades responsables de realizar la investigación –en este caso el Ministerio Público– actúen con eficacia en su persecución, termina convirtiéndose en una pesadilla burocrática para la víctima, difícilmente podrá avanzarse en la contención del fenómeno.

La Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales tendrían que desarrollar y poner en práctica un modelo sencillo que permita denunciar con rapidez los hechos y que la investigación se realice sin dilación.

Adicionalmente, cuando se requiera la comparecencia de la víctima en el procedimiento deberían ponerse a su disposición los elementos necesarios para que pueda hacerlo sin que eso le implique mayores costos. Mientras eso no ocurra, los ciberdelincuentes seguirán impunes. Y, como bien sabemos, la impunidad es el mayor aliciente para que las actividades ilegales persistan.

Detener la ciberdelincuencia es posible, sin duda alguna. Pero para eso necesitamos autoridades comprometidas con su contención, algo que hoy no es posible apreciar por ningún lado.