Con el argumento de desalentar el consumo de cigarros, refrescos y otras bebidas que causan problemas de salud, el gobierno federal propuso al Congreso subir los impuestos a estos productos a partir del siguiente año.

Sin embargo, el sexenio de Enrique Peña Nieto demostró que esta medida, aunque es una bocanada de oxígeno para las finanzas públicas, no funciona para reducir su consumo y además incentiva la informalidad coinciden expertos

El pasado 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda, en representación del Presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó la propuesta de Paquete Económico para 2020, que incluye una iniciativa para que suban las cuotas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que pagan las empresas que producen cigarros, refrescos y bebidas energetizantes, así como para homologar el gravamen a las cerveceras.

Desde su aparición, los impuestos especiales han probado ser una jugosa fuente de recursos para las arcas públicas. En el primer semestre de 2014, año en que entró en vigor la reforma hacendaria de Peña Nieto, se recaudaron 37 mil 971 millones de pesos por la aplicación del IEPS a estos artículos. Seis años más tarde, el gobierno de López Obrador captó 53 mil 403 millones de pesos en la primera mitad de 2019, un aumento de 41% por los mismos productos, de acuerdo con datos de Hacienda.

Del primer semestre de 2014 al mismo periodo de 2019, el consumo de cerveza creció casi 2 mil millones de litros, pese a mayores impuestos. No obstante, estos impuestos incumplieron el supuesto objetivo por el que los crearon: reducir el consumo de estos artículos por sus efectos adversos sobre la salud. Las tabacaleras casi duplicaron sus ventas durante este tiempo, cuyo volumen pasó de 997 millones de cajetillas de cigarros en el primer semestre de 2014, a mil 733 millones en el periodo igual de 2019, según los resultados de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera del Inegi.

Garantía de recursos El gobierno de López Obrador planea que estos productos paguen más impuestos, porque está consciente que la población seguirá consumiéndolos aunque suban de precio, siendo garantía de una mayor recaudación, opinó Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

Al igual que el sexenio pasado, la población reducirá el consumo de estos artículos por unas semanas o meses y luego lo regularizará, pero dejando de adquirir demás productos, y otras personas preferirán comprar en el mercado informal. Cifras de la Anpec señalan que los refrescos representan 15% de las ventas totales en tiendas de abarrotes en el país y los cigarros 10%, es decir, ambos concentran una cuarta parte del ticket promedio en los pequeños comercios. “Con sus medidas recaudatorias, el gobierno perjudica al sector formal de la economía y fomentando la informalidad, misma que conlleva a la evasión fiscal, riesgos sanitarios y nanciamiento de la actividad criminal”, dijo Rivera en entrevista con EL UNIVERSAL.

Destacó que mucha población adquiere cigarrillos de contrabando que cuestan un tercio del tabaco legal, cuyos compradores serán más si suben los impuestos. En los refrescos puede pasar algo similar, pues cada vez más personas buscarán las bebidas azucaradas baratas, algunas sin marca registrada, ni control sanitario y evadiendo impuestos, advirtió.

Al igual que durante el sexenio anterior, el gobierno actual lo que busca realmente es mejorar la recaudación con la aplicación del IEPS a estos productos, argumentando cuestiones de salud pública, y al final los consumidores van a pagar los mayores impuestos, no las empresas. “Con esta propuesta fiscal, el Presidente deshonró su compromiso de no crear nuevos impuestos, ni subir los existentes, durante los primeros tres años de su administración”, opinó el líder de los pequeños comerciantes. “Decir que subiendo precios de los productos habrá un cambio en los patrones de consumo de la gente es una gran mentira”, agregó.