Casi 30 por ciento de los ahorros que tienen los trabajadores en sus Afores quita el gobierno a los pensionados, o dicho de otra manera: uno de cada tres pesos, se los queda el fisco.

Así lo denunciaron organizaciones de jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Issste) y otros sectores, en una concentración que realizaron frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde protestaron por el achicamiento de sus pensiones, la merma de sus ahorros y el pago de prestaciones que les han escatimado las instituciones.

En el mitin, señalaron que en materia de pensiones se ha establecido una red de trampas para los ex trabajadores, a fin de castigar sus jubilaciones, pero también los ahorros que tenían en sus Afores.

Esto es porque al momento en que les entregan sus recursos ahorrados les quitan 30 por ciento argumentando el cobro del impuesto sobre la renta (ISR), cuando se supone que por estos recursos ya se cubrieron las tributaciones correspondientes.

Según indicaron, el argumento que les dan a los ex trabajadores es que la Ley del Impuesto Sobre la Renta establece que los fondos de sus pensiones al momento de entregarlos a los trabajadores, es un ingreso, cuando se debería considerar prestación o derecho.

Por esta razón se queda el gobierno con un tercio del total de lo que ahorraron los trabajadores y servidores públicos durante toda su vida laboral, lo que merma considerablemente el monto de los recursos y es absolutamente injusto, expusieron.

Hicieron ver además que por esta razón ya se han interpuesto demandas ante tribunales.

Señalaron que además demandan la devolución de la subcuenta de cesantía y vejez, de la cual según indicaron sólo se regresa a los ex trabajadores 40 por ciento, debido a una jurisprudencia de la Suprema Corte, por ello llevaron a cabo la movilización a las afueras de esta instancia.

Las organizaciones denunciaron que hoy el atraco a los trabajadores se da por las dos vías, que son el cobro del ISR sobre los fondos ahorrados en las Afores y la no entrega de la subcuenta de cesantía y vejez, lo que viola los derechos laborales y humanos de los pensionados.