Ciudad de México. El máximo tribunal del país negó al gobierno y Fiscalía General de Justicia del estado de Chihuahua que considere a los tribunales superiores de justicia y las fiscalías o procuradurías locales como terceros interesados en poder investigar y enjuiciar a funcionarios federales –incluyendo al presidente de la República-.

En seguimiento a la Controversia Constitucional presentada por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo durante el gobierno de Enrique Peña en contra de toda investigación, citación o proceso penal que el gobierno y fiscalía del estado de Chihuahua hubieran iniciado o en la que pretendieran proceder en contra de funcionarios federales que intervinieron en el caso del ex secretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, quien fue acusado de participar en desvíos de recursos públicos con fines electorales.

El gobierno federal promovió diversos recursos legales que permitieron que Gutiérrez Gutiérrez fuera enjuiciado en el ámbito federal por uno de los procesos iniciados por la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua, y que al término del proceso se le dejara en libertad al considerar que las autoridades de esa entidad no aportaron elementos de prueba suficientes para acreditar la responsabilidad penal del priista en el presunto desvío de 250 millones de pesos.

En los acuerdos judiciales la Corte determinó no aprobar “la solicitud formulada por el Ejecutivo estatal en el sentido de tener como terceros interesados a los Tribunales Superiores de Justicia y a las Fiscalías del resto de las entidades federativas, en virtud de que no se advierte que pudieran resultar afectados por la sentencia que llegare a dictarse, pues el actor plantea una posible invasión a la esfera competencial del orden federal, consistente en que los funcionarios federales no pueden ser sujetos a procesos penales del orden local por conductas realizadas en el ejercicio de sus competencias y la aplicación de leyes federales”.