El fiscal Anticorrupción de Coahuila, Jesús Flores Mier, ha informado que actualmente se encuentran en proceso medio centenar de juicios de amparo promovidos en contra de acciones de la dependencia que encabeza. ¿Qué debemos deducir de este hecho?

Una posibilidad se encuentra en otro dato aportado por el mismo funcionario: desde que inició actividades la Fiscalía a su cargo se han promovido 120 amparos en contra de investigaciones sobre presuntos hechos de corrupción y, de estos, 70 han sido resueltos. En todos los casos, ha dicho Flores Mier, los promoventes no fueron protegidos por la justicia federal.

A falta de mayores datos, puede concederse que la Fiscalía Anticorrupción de Coahuila ha prevalecido en su actuación y que los recurrentes no han logrado demostrar que se estaban violando sus derechos. Un porcentaje impresionante de bateo, pues no han perdido un sólo amparo.

Desde esta perspectiva, bien podría llegarse a la conclusión de que el trabajo se la Fiscalía es robusto y que los expedientes allí integrados son sólidos. Tan sólidos que resisten el escrutinio de la justicia federal.

Una lectura diferente se tiene si, más allá de fijarnos en el número de amparos enderezados contra acciones de la Fiscalía, se cuestiona qué ha pasado con los casos en contra de los cuales se promovieron, es decir, cuál ha sido el destino final de los mismos.

Y es que la estadística importante en este rubro tiene que ver con otras variables, específicamente con el número de carpetas de investigación que han sido judicializadas y más concretamente con el número de sentencias condenatorias obtenidas en juicio.

Esto es así porque la actividad de una Fiscalía como esta tiene que ver con dos elementos concretos: castigar los actos de corrupción ya cometidos y disuadir a quienes se encuentran frente a la posibilidad de cometer uno.

En este último rubro las cifras no parecen halagüeñas, sobre todo si se toma en cuenta que el propio Fiscal informó que durante 2021 la Auditoría Superior del Estado ha presentado al menos 21 denuncias en contra de servidores –o exservidores– públicos municipales por presuntas irregularidades detectadas en la revisión de la cuenta pública del año 2019.

La percepción que el público tiene, a casi cuatro años de la creación de la Fiscalía Anticorrupción, es que el fenómeno sigue básicamente en el mismo punto, es decir, que el inmenso –y costoso– entramado que en 2017 fue creado para, teóricamente, combatir la corrupción, ha resultado muy poco eficaz.

La tramitación de amparos contra las acciones de la Fiscalía es, a final de cuentas, un hecho anecdótico que nada nos dice sobre la eficacia de las acciones realizadas por dicha dependencia.

Por ello, más que informar sobre estadísticas inocuas, lo esperable sería que la Fiscalía –y todo el Sistema Anticorrupción– se propusiera sorprendernos con información verdaderamente relevante, es decir, con aquella que se traduce en la contención del fenómeno que deben combatir.