Una pieza central del sistema anticorrupción será su brazo punitivo. Sin una amenaza real de sanción a conductas ilícitas por parte de funcionarios públicos y particulares, toda la construcción reciente en la materia será, como dice la expresión popular, “de chocolate”, es decir, ornamental, de juguete. Por eso es tan importante el tránsito de la Procuraduría a la nueva Fiscalía General de la República, el diseño de su ley orgánica, lo mismo que el margen de independencia y las capacidades con que se dote a la fiscalía anticorrupción.

En cuanto a lo que corresponde a esta fiscalía, lo que tenemos en ley y otros ordenamientos es francamente débil. El fiscal anticorrupción está completamente atado a la voluntad de su superior jerárquico, el Procurador o Fiscal General de la República, y su margen de actuación constreñido por las propias limitaciones de la Procuraduría. Ministerios públicos y policías con pocas capacidades de investigación y todavía menos pericia para la indagación de delitos relacionados con actos de corrupción. En fin, si todo esto permanece constante, nuestra monumental construcción institucional tendrá un pilar francamente débil que lo hará tambalear.

Por lo expuesto, es muy importante concentrar nuestra atención en la procuración de justicia y tratar de enmendar lo que quedó flojo en su reciente reforma. Hay que decir que dicho proceso se dio en medio de la discusión de la más reciente de nuestras reformas políticas. Ahí se planteó una Fiscalía a la que se dotó de autonomía, se previó una fiscalía anticorrupción, pero no se le insertó correctamente en la lógica del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que entonces se construía. Esa desconexión es la que debemos hoy atender.

Para ello hay quienes apuntan a la formulación de una Ley Orgánica de la Fiscalía robusta, que prevea cambios estructurales en la transición de lo que hoy tenemos y el nuevo esquema. Se daría especial tratamiento a la fiscalía anticorrupción para dotarla de más potencia de la que tiene. También existe la opinión de que la ley orgánica no da para subsanar las carencias con que nace la fiscalía anticorrupción. Proponen, por tanto, reabrir el expediente en nuestra Carta Magna para que desde ahí se dote de independencia y fortaleza a esta instancia de investigación y sanción penal de la corrupción. De paso, dicen, se podrían enmendar la letra chiquita de los transitorios que tanto revuelo ha generado, en virtud de que el Procurador en funciones se convierte en automático en el titular de la nueva Fiscalía.

A la luz de estos asuntos, recuerdo que en un encuentro con jóvenes líderes me cuestionaron sobre la efectividad de la reforma anticorrupción recién impulsada. Con la franqueza que caracteriza a los millennials, uno de ellos me preguntó si no habíamos sido chamaqueados. Expresión usada para denotar ingenuidad de una de las partes en una negociación. Más allá del comentario, lo cierto es que debemos enmendar lo que se quedó flojo en el diseño de esta instancia clave para dotar de capacidades al estado mexicano en la persecución criminal. Sin esto, el todo queda incompleto.

Fiscal anticorrupción

El Senado se alista para elegir a quien encabezará la fiscalía anticorrupción. Este nombramiento tiene un alto contenido simbólico, además de práctico. Simbólico porque se trata del primer fiscal anticorrupción de la era del SNA. Práctico, porque como he querido argumentar, la fiscalía nace débil y necesita ser encabezada por quien entienda sus retos y plantee avenidas para afrontarlos. De entre los suspirantes, me llama la atención el de Ximena Puente, actual comisionada presidenta del INAI. Brinca, porque no se le conoce experiencia alguna en materia de procuración de justicia. Y también por la facilidad con la que está dispuesta a abandonar un encargo que la debería honrar y ocupar. Es precisamente este tipo de perfiles los que debemos evitar. 

@EdnaJaime
@MexEvalua