El titular de la Fiscalía Anticorrupción de Coahuila, Jesús Homero Flores Mier, salió ayer al paso de los señalamientos y aseguró que el “Caso Ficrea” no está cerrado y que las investigaciones siguen su curso. Incluso, dijo, se han realizado “entrevistas con involucrados”.

“La Fiscalía a mi cargo efectivamente tiene actualmente dentro de su trámite la denuncia presentada por parte de la Auditoría Superior del Estado en contra de Gregorio “N”, Héctor “N”, y otros funcionarios y ex funcionarios del Poder Judicial del Estado”, precisó el Fiscal.

Resulta positivo, sin duda, escuchar de viva voz del responsable de perseguir la corrupción en Coahuila, que elste caso no se encuentra cerrado, aunque el entusiasmo se enfría un poco cuando se conoce la razón por la cual no se “dio carpetazo” a la indagatoria: porque la Auditoría Superior del Estado (ASE) se opuso a ello.

Porque tal como se informó en las páginas de VANGUARDIA, la intención de la Fiscalía Anticorrupción era, en efecto, declarar el no ejercicio de la acción penal en contra de los involucrados en el “Ficreazo” con lo cual el caso habría terminado en la isla de la impunidad.

En otras palabras, tal como se ha dicho con anterioridad, el asunto solo camina -y muy despacio- porque la parte acusadora -la ASE- ha decidido no ceder en su señalamiento de irregularidades, que constituirían delitos que deben ser perseguidos por el Ministerio Público.

Por lo demás, lo llamativo en este caso es que hayan transcurrido más de dos años desde que la ASE interpuso la denuncia formal y la Fiscalía no haya encontrado tiempo suficiente para concluir la investigación y presentarse ante un juez para judicializar el caso.

¿Por qué le toma tanto tiempo al equipo de Flores Mier concluir una investigación y solicitar que se inicie el proceso penal en contra de quienes son señalados como presuntos responsables en la denuncia? ¿Es acaso demasiado complejo dictaminar el peritaje que ya le ha entregado la ASE y, eventualmente, citar a declarar a los involucrados?

Habrá que creerle al fiscal Flores Mier cuando dice que el caso “no está cerrado”, pero habrá que entender en eso que solamente no está “formalmente cerrado”, porque en los hechos no se ve ningún interés de la dependencia por cumplir con su responsabilidad de perseguir los presuntos delitos que derivan de los actos de corrupción denunciados.

Lejos de tal posibilidad lo que se observa es una llamativa proclividad por “cerrar” los casos sin llevarlos a juicio pese a que, tan solo con lo que se ha ventilado públicamente del “Caso Ficrea”, cualquier persona puede llegar a la conclusión de que estamos ante un hecho que merece y debe ser castigado.

Y esto último es lo que tendría que ocurrir. A menos, claro, que existan servidores públicos, actualmente en activo, a quienes les interese garantizar la impunidad en este caso porque perseguir a sus perpetradores podría provocar un “efecto dominó” que les arrastre a ellos.