Fiscales estadounidenses dijeron que tienen más de un millón de páginas en documentos para ser usados como pruebas contra el ex secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, a quien acusan de cargos relacionados con el narcotráfico.

El fiscal del distrito este de Nueva York Mark Lesko envió una carta al juez federal del caso en la que explica que la fiscalía también tiene una “voluminosa” cantidad de grabaciones interceptadas. La carta se encuentra en el sistema electrónico de los tribunales federales estadounidenses.

García Luna está acusado por fiscales estadounidenses de cargos que incluyen la asociación ilícita para el tráfico de cocaína, el falso testimonio y la participación en una organización criminal. El exfuncionario se encuentra en una cárcel neoyorquina.

García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012 durante el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón, se ha declarado inocente de las acusaciones de los fiscales, quienes alegan que recibió enormes cantidades de dinero por parte del Cártel de Sinaloa, encabezado por Joaquín “El Chapo” Guzmán, a cambio de permitir que éste traficara cocaína a sus anchas.

La fiscalía y los abogados de García Luna se preparan para ir a juicio. Lesko dijo en su carta que la fiscalía ha hecho pedidos de asistencia legal mutua a funcionarios extranjeros. Se han recibido algunas respuestas afirmativas, dijo, y se están esperando otras. El fiscal le pidió al juez también que se posponga la audiencia judicial sobre el caso que estaba fijada para este mes ya que la fiscalía necesita más tiempo para ir preparando el juicio.

El juez del caso es Brian Cogan, el mismo que presidió el juicio contra “El Chapo” Guzmán en 2018.

El juez Brian Cogan, de la corte del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, autorizó aplazar la audiencia del exsecretario mexicano de Seguridad Pública, Genaro García Luna, que estaba prevista para el 19 de abril. La nueva fecha fijada es el 23 de junio.

Fiscalía y defensa habían pedido una vez más aplazar por 60 días la audiencia judicial, insistiendo en las dificultades que tienen para preparar el caso debido a la pandemia de coronavirus, que afecta a la consecución de pruebas y a los encuentros de la fiscalía con potenciales testigos y del abogado de la defensa con el exministro que trabajó con el gobierno mexicano.

No es la primera vez que se pide una postergación en este caso: ambas partes ya solicitaron un aplazamiento del que tendría que haber sido su último encuentro, a mediados de febrero, por las mismas razones.