Pagar un cohecho con favores sexuales a cambio del ejercicio de un derecho de una mujer o una niña debe ser un delito con pena agravada, demandó la fiscal anticorrupción, María de la Luz Mijangos Borja.

Afirmó que en la ley se debe dejar claro "cuando un soborno es de carácter sexual y cuando afecta a mujeres y niñas", e incluyó un apartado sobre violencia de género en el Informe Anual de Actividades y Resultados que envió al Senado.

Además, busca la contratación de 40 mujeres para labores de oficiales ministeriales que se capaciten en integración de carpetas.