Este lunes el Gobierno de Coahuila y los Poderes Legislativo y Judicial firmaron el Pacto por la Igualdad y el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para reafirmar la reforma constitucional en materia de paridad entre géneros.

“Con la firma de este pacto reconocemos la importancia de la participación trascendental de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, y avanzamos juntos, poderes, autoridades y ciudadanía, en las transformaciones de fondo que se requieren para la paz social y exige la realidad que se vive hoy en nuestro país”, señaló el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.

El convenio se dio en el Marco del Día Internacional de la Mujer y con las titulares de las Comisiones de Género e Igualdad del Tribunal Superior de Justicia y del Congreso del Estado, magistrada Carmen Galván Tello y diputada Luz Elena Morales Núñez, respectivamente.

Riquelme Solís señaló que desde Coahuila se recuerda a todas las mujeres que emprendieron la lucha por la igualdad y reconoció a las que continúan con ese ideal.

Afirmó que Coahuila cuenta con la legislación más avanzada y leyes estatales únicas en México, como el paquete de armonización legislativa de 2019 para incorporar nuevos ordenamientos jurídicos en materia de paridad.

Asimismo recordó acciones emprendidas por el Gobierno de Coahuila en favor de las mujeres, como los cinco Centros de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres (CJEM), al que se sumará uno en Piedras Negras, así como los seis Juzgados Especializados en Violencia Familiar en Contra de las Mujeres, que son los primeros en México que hacen accesible la justicia para ellas, sus hijos e hijas que sufren violencia en el ámbito familiar.

“Mi compromiso por avanzar hacia mejores condiciones de vida, con oportunidades y espacios dignos para su atención. Mi solidaridad a todas quienes han sufrido algún tipo de violencia o perdido un ser querido. Y mi firme compromiso de seguir fortaleciendo nuestras instituciones, las políticas públicas y nuestro marco jurídico para asegurarnos que nunca más se vulneren los derechos de la mujer”, dijo el mandatario estatal.

Al evento acudieron los titulares de los Poderes Legislativo y Judicial, Eduardo Olmos Castro y Miguel Mery Ayup; la senadora Verónica Martínez García; la diputada Guadalupe Oyervides Valdés, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso; el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas; la titular del Instituto Coahuilense de las Mujeres, Katy Salinas Pérez, y las presidentas del IEC y de la AIDH, Gabriela de León Farías e Irene Spigno.

66% DE MUJERES VIVE VIOLENCIA EN MÉXICO

En el mensaje de bienvenida, la titular del Instituto Coahuilense de las Mujeres, Katy Salinas, señaló que el 66 por ciento de las mujeres en el país ha sufrido algún tipo de violencia, estadística relativamente igual en Coahuila; asimismo una de cada tres mujeres sufre violencia en este momento, y una de cada siete dijo haber sufrido violencia, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2020 del INEGI.

“La pandemia por covid-19 resaltó la desigualdad de las mujeres en esta sociedad, pues incrementó la violencia contra ellas en el hogar y les incrementó el trabajo en casa, recargado aún más en ellas”, dijo Katy Salinas.

“Solo queremos igualdad, no equidad, ya tenemos equidad en las leyes, pero al momento de ejercer derechos no podemos, y tenemos algunas barreras”, agregó.

Por su parte, la diputada Luz Elena Morales, coordinadora de la Comisión de Igualdad en el Congreso, explicó que pasaron casi dos siglos para que se lograra una mayoría femenina en  el Poder Legislativo del estado, aunque aún hay pendientes para garantizar los derechos de las mujeres.

La magistrada Carmen Galván Tello dijo que el Poder Judicial se comprometió a crear las condiciones necesarias para que la perspectiva de género sea una práctica común, como el juzgar con este enfoque; disminuir la violencia en razón de género a través de la promoción en el terreno jurisdiccional con la instalación de un órgano especializado; y ponerse a la vanguardia en mecanismos para garantizar el libre acceso a la justicia, con acciones como la aplicación “mujer segura” y el registro de deudores morosos.