Las finanzas públicas de México han sido de las más golpeadas por la pandemia en el mundo y si algo necesitamos con urgencia este año es que el proceso de recuperación se apuntale a la mayor velocidad posible. Por desgracia, según parecen mostrar las cifras, eso no está ocurriendo.

De acuerdo con el análisis realizado por el think tank México Evalúa, los ingresos tributarios del país registraron, en el primer bimestre de este año, una disminución de 4.7 por ciento respecto del mismo período del año pasado, lo cual implica haber dejado de ingresar casi 31 mil millones de pesos a las arcas públicas del país.

La cifra es preocupante porque en la composición de los ingresos públicos el dinero que se capta, sobre todo, vía el cobro de impuestos, constituyen más de la mitad del total de ingresos que sirven para darle suficiencia al presupuesto de egresos.

Pero es preocupante, además, porque la disminución en la recaudación refleja una menor actividad económica, lo cual tiene repercusiones en todas las áreas de la vida colectiva.

Y es que la reducción en la actividad económica, que puede apreciarse en primer lugar en la disminución del gasto en los hogares, tiene una especie de “efecto dominó” hacia atrás: porque a menor consumo, menos producción y si no se requiere producir tanto como antes, el número de puestos de trabajo necesarios es menor…

En última instancia, esta menor actividad económica termina reflejándose en la captación de ingresos gubernamentales y, en el peor de los casos, se convierte en un círculo vicioso que va “enfermando” la economía y puede colocarla en riesgo de colapso.

Uno de los aspectos, que diversas voces han advertido, contribuye a esta realidad, es la drástica disminución que ha sufrido la inversión privada en los últimos meses, derivado de la falta de certidumbre jurídica percibida por quienes tienen recursos para crear nuevas fuentes de empleo.

Y para que eso haya ocurrido, poca duda cabe, lo que más ha influido son las decisiones del Gobierno de la República orientadas a cancelar inversiones o a modificar las reglas con las que otras se hicieron en el pasado.

Al país le urge recuperar la confianza de los inversionistas. También le urge, desde luego, que la forma en que algunos negocios se han realizado anteriormente -de espaldas al interés público- se modifique diametralmente, pero eso solamente puede lograrse fortaleciendo el estado de derecho y ateniéndose a las reglas establecidas ante cualquier controversia.

Las luces de alerta están encendidas. Las cifras que advierten sobre el deterioro de nuestra economía son muy claras y las consecuencias que ello implica para quienes menos tienen son también evidentes.

La situación demanda, de inmediato, una modificación en el curso que estamos siguiendo. Nadie se podrá decir sorprendido si en el futuro inmediato las cosas empeoran, porque las advertencias de peligro no han escaseado.