Así sucedió: de Montemayor a Montemayor. Mientras el Gobierno del Estado financia con recursos públicos esa estructura paralela denominada “Clúster Energía Coahuila, A.C.”, propiedad de Rogelio Montemayor Seguy, ésta trabaja para los negocios privados de su hijo, Rogelio Javier Montemayor García, consistentes en la explotación de hidrocarburos en Nuevo León.

Como se ha publicado en pretérita columna, el ‘Junior’ es representante legal de dos sociedades mercantiles promotoras de inversión denominadas “Strata CR” y “Strata Campos Maduros”, mismas que se agenciaron en 2016 –apenas unos meses después de constituirse legalmente- contratos (CNH-R01-L03-A21/2016 y CNH-R01-L03-A18/2018) para extraer gas natural en los campos identificados como “Carretas” (89 kilómetros cuadrados) y “Peña Blanca” (26 kilómetros cuadrados), ubicados en los municipios de China y General Terán, y General Bravo y Doctor Coss respectivamente.

Lo interesante del asunto es que, en el primer proyecto (“Carretas”), la evaluación de impacto social fue ‘encargada’ al Clúster, quien la elaboró en julio de 2016. Ese año, justo es decirlo, la Asociación Civil recibió de la administración coahuilense 19 millones 558 mil 121 pesos.

Nadie sabe para quién trabaja. Y si lo saben, peor aún.

Dicho trabajo involucró a 14 empleados del Clúster, quien pese a los riesgos ambientales y para la salud que supone una actividad así, simplemente concluyeron que “no se esperan posibles impactos diferentes a los que han experimentado las comunidades en 3 ó 4 décadas atrás, pues no se trata de una actividad nueva, sino de la continuidad de una extractiva”.

Con todo el cinismo, pues.

En el segundo proyecto (“Peña Blanca”), en cambio, un estudio de similares características no fue realizado por el Clúster sino por la Secretaría de Energía el 14 de marzo de 2017. En él se detectaron 11 puntos negativos, destacando “riesgos de fugas de gas en pozos y ductos”, “afectación a la agricultura y ganadería”, y “contaminación de los predios por derrame de químicos y aguas congénitas”.

Además la sociedad mercantil de Montemayor Jr., “Strata”, “omite señalar los posibles impactos a la salud, derivados de las actividades propias del proyecto”.

Cuidado. Las diferencias entre uno y otro saltan a la vista cuando se trata, prácticamente, de condiciones similares.

Lo anterior viene a cuento pues ellos, el Clúster, son el responsable de cuajar el negocio del fracking que se trata de imponer en la entidad. Y a diferencia de los contratos asignados y publicados a través de Rondas México, un portal donde la Comisión Nacional de Hidrocarburos da a conocer toda la información relacionada con la exploración y extracción, en el asunto de Coahuila no hay transparencia ni rendición de cuentas ni máxima publicidad.

CORTITA Y AL PIE

Hoy, por ejemplo, se sabe lo mismo que se sabía en marzo, fecha en que Petróleos Mexicanos firmó el contrato con Lewis Energy para la fractura hidráulica en el estado, y lo difundió a través de un escueto boletín de prensa: habrá 617 millones de dólares de inversión (de los cuales poco, por no decir nada, quedará en los bolsillos de los coahuilenses), y una determinada cantidad a extraer en el Campo Olmos (de Hidalgo, Coahuila).

Y como se ha escrito aquí, el Consejo de Administración de Pemex aprobó el 17 de octubre de 2017 renegociar un contrato (folio 414104806) con la empresa texana (quien desde 2004 se aposentó en la zona), el cual terminará hasta el 19 de febrero de 2019.

Sin embargo el documento deliberadamente oculta cuatro páginas importantes pues en febrero de 2018 se clasificó reservada por tres años (hasta 2021) información “sensible” sobre “hechos y acciones del ámbito comercial, económico, presupuestal, contable y jurídico que solo competen a Pemex y a sus empresas productivas subsidiarias, sujeta a un proceso deliberativo interno”, como consta en el acuerdo CAEPS-PEP-051/2017.

No sabemos, pues, ni qué han hecho en 15 años ni qué vayan a hacer a futuro.

LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS

En resumen: con recursos públicos de Coahuila se ha financiado un proyecto privado, en Nuevo León, el Clúster dista mucho de ser intelectualmente honesto en sus evaluaciones como se ha demostrado y, por si fuera poco, Miguel Riquelme les cerró la llave: hasta julio de 2018 sólo habían recibido sólo 4 millones 867 mil 970 pesos este año. En promedio, durante los ejercicios fiscales anteriores, se llevaban 21 millones.

Quizá por eso les urge comenzar la fractura hidráulica. Aún a pesar de los coahuilenses.

@luiscarlosplata