El Servicio de Administración Tributaria (SAT) cesó a Ramón García Gibson, uno de sus más altos funcionarios, por “sus evidentes conflictos de interés”, la “pérdida de confianza”  y su participación en el esquema que permitió a los cárteles de Sinaloa y del Norte del Valle de Cali usar la infraestructura del HSBC en México para lavar cientos de millones de dólares en la primera década de este milenio.

El despido sucedió el pasado viernes 29 de enero y se produjo cuatro meses después de que Quinto Elemento Lab publicara una investigación acerca de García Gibson, donde se revelaban las omisiones en las que incurrió el exfuncionario durante su paso por HSBC, banco en que presidía el máximo órgano antilavado.

El reportaje expuso los hallazgos de las investigaciones hechas por el Senado de Estados Unidos y reveló detalles inéditos de una indagatoria que emprendió la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sobre el masivo lavado de dinero en HSBC, donde concluye que el banco se constituyó en “vehículo de la delincuencia para la colocación, ocultamiento y distribución de recursos ilícitos”.

El SAT informó que la publicación del reportaje fue un elemento clave para proceder al despido de García Gibson, quien se desempeñaba como titular de la Administración Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables del SAT.

“Para las revisiones internas del SAT, la investigación titulada ‘HSBC: la fiesta de los billetes rojos y los cuellos blancos’, de Quinto Elemento Lab, fue uno de los puntos de referencia, así como el informe publicado por el Senado de Estados Unidos”, precisó el SAT en una tarjeta informativa.

La titular del SAT, Raquel Buenrostro, condujo personalmente la investigación interna contra García Gibson luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador la instruyera a revisar las imputaciones y el desempeño profesional de García Gibson antes de incorporarse al gobierno federal a principios de 2019.

En el reportaje se da a conocer el modus operandi que usaron empleados y altos ejecutivos bancarios de HSBC para permitir que cárteles del narcotráfico lavaran cientos de millones de dólares poniendo en riesgo el sistema financiero mexicano.

Justo en esos años, el presidente del Comité de Comunicación y Control (CCC) —instancia encargada de detener el lavado de dinero en el banco— era García Gibson.

El desempeño de García Gibson fue duramente señalado al interior del banco, por sus colegas de otras entidades financieras y por el Senado de los EU. En un crítico reporte elaborado por el equipo del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, con el título “Vulnerabilidades de EU al lavado de dinero, las drogas y el financiamiento al terrorismo: la historia del caso HSBC”, se le menciona en 59 ocasiones.

A su salida de HSBC en 2009, García Gibson fundó en junio de ese año una consultoría antilavado de dinero que lleva sus apellidos.

Con el paso del tiempo, fue invitado a impartir charlas, talleres, seminarios. Se convirtió entonces en investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), lugar donde desarrolló una propuesta de estrategia nacional para el combate al lavado de dinero y puso en marcha una propuesta académica para impartir una especialidad de un año.

Al servicio público se incorporó hace relativamente poco, luego de dejar atrás sus incursiones en HSBC y, antes, en Banamex y Santander, banco al cual defendió de las acusaciones por lavado de dinero hechas por el gobierno de Estados Unidos como parte de la Operación Casablanca.

Según su currículum vitae, García Gibson fue nombrado en octubre de 2015 director general de Inspección y Evaluación para la Operación, en la Comisión Nacional de Seguridad. En el cargo duró un año y luego saltó entonces a un área más cercana a sus intereses: de noviembre de 2016 al final del sexenio de Peña Nieto (octubre de 2018) fue coordinador de Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la extinta Policía Federal.

En los primeros meses de 2019 apareció como titular de la Administración Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables del SAT, un cargo estratégico ubicado en los círculos más altos de ese organismo.

El reportaje de Quinto Elemento Lab se publicó el pasado 21 de septiembre de 2020 y dos días después López Obrador ordenó realizar una investigación al interior del SAT. “Ese señor ya no puede trabajar en el gobierno (…) no queremos malos funcionarios”, manifestó entonces durante su conferencia mañanera.

Cuatro meses más tarde fue dado de baja por “pérdida de confianza”.

“García Gibson como servidor público tenía un evidente conflicto de interés ya que es socio y fundador de García Gibson Consultores, S.C. que ofrece servicios de asesoría en materia de lavado de dinero y recursos de procedencia ilícita, áreas en las que contaba con información privilegiada cuando se desempeñaba como Administrador Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables del SAT”, indica la tarjeta informativa del SAT.

Y concluye: “diversos elementos administrativos recabados por la institución provocaron una pérdida de confianza, elemento esencial del vínculo entre la institución y un servidor público en áreas tan delicadas, por lo que procede legalmente el cese ocurrido el pasado viernes 29 de enero”.