El pasado 2 de abril el Ejecutivo Federal propuso una iniciativa a la Cámara de Diputados para eliminar 109 fideicomisos de 374, de los cuales solo 19 tienen estructura orgánica, es decir, que cuentan con un instrumento de trasparencia y rendición de cuentas. Los 355 faltantes no tienen una estructura orgánica con un marco jurídico-administrativo que rinda cuentas al Gobierno Federal. En consecuencia, se podría prestar a desvío de recursos.

Los 374 fideicomisos, representan partidas por 835 mil 477 millones de pesos, que equivale al 15.8% de todo el presupuesto de egresos de 2018 (https://bit.ly/2IkXF2J), y el 3.3% del Producto Interno Bruto (PIB) de 2019, no obstante, los 109 fideicomisos que se eliminaron son parte de 139 que son recursos públicos administrados por bancos privados, mismos que son imposibles de fiscalizar por el principio de confiabilidad de las instituciones financieras.

Estos 109 fideicomisos equivalen a 68 mil 400 millones de pesos, cuyo monto de dinero no se tenía la certeza en qué se usaba y cuál era su destino, existiendo mucha opacidad y nula redición de cuentas.

El 8 de octubre se aprobó la iniciativa en la cámara de diputados de “eliminar 109 fideicomisos”, contrario a lo que se piensa, esta aprobación no extingue el dinero que se respalda en los fideicomisos; solo se eliminarán las figuras jurídico-administrativas, es decir, que el dinero de los fondos es dinero público administrado por bancos –entidades privadas en México- que asignan un consejo técnico -fiduciario- sin la participación del Estado mexicano para la administración del recurso del fideicomiso, por lo que tiene la facultad de proporcionar el dinero a una persona física o moral –fideicomisario- que cumple con los requisitos fijados por el consejo técnico, sin embargo, el consejo parte de un principio de privacidad de datos personales en el cual no tiene la obligación legal de rendir cuentas al Estado mexicano -fideicomitente- porque se lo impide la “ley general de protección de datos personales en posesión de sujetos” del manejo del recurso que está respaladado el fideicomiso, no obstante, la aplicación del principio de privacidad de datos personales presenta un vacío en el manejo del recurso del fondo que se puede prestar a maniobras “oscuras” por el alto grado de incertidumbre, por la falta de trasparencia y lopacidad del destino del dinero público que se resguarda en los fideicomisos.

Adicionalmente, los bancos que administran los fideicomisos cobran una comisión por el manejo, respaldo y administración de los fideicomisos al Gobierno Federal, por añadidura, la ganancia de la banca se origina en diversas cuotas de comisiones por prestar sus servicios financieros a cualquier que lo solicite persona física o moral, además de cobros a intereses a sus deudores. Ante esto, México es el tercer país de América Latina donde los bancos cobran las comisiones más altas a sus clientes (https://bit.ly/3d2B3PJ).

 La eliminación de los 109 fideicomisos es la anulación de la figura jurídica-administrativa de los fiduciarios, particularmente de sus consejos técnico-administrativos, de manejar los fideicomisos para que el Estado mexicano sea el responsable del manejo de los recursos que embarga los fondos, oponiendo la figura de fideicomitente y del fiduciario.

Sin embargo, se tiene la idea de que el sector público es ineficiente por naturaleza en el manejo de sus propios recursos económicos por la inseguridad que prevalece de prácticas de desviar dinero debido a la estigmatización que se le estipuló en las administraciones anteriores a la de la 4ta trasformación (por ejemplo, el caso Odebrecht). A pesar de que, esos tiempos oscuros del antiguo régimen ya quedaron en el basurero de la historia, la sociedad mexicana no ha asimilado completamente el cambio de régimen.

No obstante, uno de los tantos postulados neoliberales, la “teoría del derrame”, dice que la administración de recursos económicos debe ser manejada por la Iniciativa Privada (IP) por su naturaleza es de ser “exageradamente eficiente”, cuando esto es totalmente falso porque la lógica del ámbito privado es maximizar las ganancias minimizando costos. En consecuencia, el nulo pago de impuestos de los grandes contribuyentes en los dos sexenios anteriores (Calderón y Peña) -junto a los bancos que operan en el país- ascienden a más de 400 mil millones de pesos (https://bit.ly/2SyaWXy) siendo una cantidad escandalosa, sin embargo, para la IP un impuesto es un costo. Por esta razón, buscaban la condonación de impuestos en el antiguo régimen de acumulación neoliberal.

Tomando en cuenta el panorama actual de la economía nacional donde está sumergida en la crisis más complicada desde 1932, con una caída del PIB de 10.6% en el primer semestre del año junto con una distorsión del desempleo en 33%, por el parón económico inducido por el Estado mexicano para salvaguardar la salud de las y los mexicanos por la amenaza del Covid-19, el Gobierno Federal no se puede dar el lujo de seguir pagando elevadas comisiones a los bancos para el manejo de recursos públicos (fidecomisos) con un escenario para el próximo año bastante volátil y nada alentador por los rebrotes de coronavirus y la falta de una vacuna confiable para mitigar el virus.

No obstante, los 109 fidecomisos que eliminaron sus figuras administrativas privadas pasarán a ser manejados por las dependencias federales correspondientes de cada caso particular del fondo o por la Secretaría de Hacienda para el uso correcto del recurso, y que así llegue al fiduciario o beneficiario (https://bit.ly/2IwD8YQ), de modo que no se elimina el dinero del fideicomiso, sino, solamente sus figuras administrativas privadas para asignarles una nueva, pero de ente público.