A más de cinco años de conocerse el “ficreazo”, la fallida inversión del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila en la sociedad financiera popular Ficrea, sigue sin haber funcionarios sancionados.

Hace un año, la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción dio a conocer que aún podría ejercer acción penal en contra de Gregorio Pérez Mata, presidente del TSJE durante la fallida inversión, y otros tres exfuncionarios del Poder Judicial, ya que no se ha cerrado en definitiva una investigación que se les sigue, luego de una denuncia presentada por la Auditoría Superior del Estado (ASE), en agosto de 2018.

En un oficio emitido el 23 de mayo de 2019, la instancia informó a la ASE que, en la carpeta de investigación respectiva “no se ha dictado una vista definitiva de no ejercicio de la acción penal”.

En aquel entonces fuentes cercanas informaron que sea analiza ejercer acción penal contra el expresidente del Tribunal Superior de Justicia, así como contra el exoficial Mayor, la exdirectora de Recursos Financieros y el exauditor Interno.

Sin embargo, no se ha conocido que se haya reactivado el caso.

FALLIDA INVERSIÓN E IRREGULARIDADES

Al 31 de diciembre de 2014, el informe de situación financiera que presentaba el Poder Judicial de Coahuila mostraba un total de activo de más de 255 millones de pesos, de los que alrededor de 200 millones correspondían a activo circulante.

Ya para ese ejercicio fiscal, el monto invertido en Ficrea superaba los 125 millones de pesos. Este saldo se integraba por una inversión de más de 90 millones de pesos provenientes del Fondo para el Mejoramiento de la Administración de la Justicia.

Esta inversión se inició en 2010 con 20 millones, que fueron aumentando año con año hasta llegar a los 90. Por otra parte, las auditorías detectaron que durante 2013 y 2014 se desviaron más de 35 millones de pesos de sus objetivos presupuestales para ser invertidos en Ficrea.

Ya para el 2014, el deterioro financiero del Poder Judicial de Coahuila era manifiesto, lo que se refleja en el informe de la Auditoría Superior del Estado en el que se constatan irregularidades por un valor total de 127 millones 47 mil 677.14 pesos (incluyendo los 125 millones de Ficrea), derivado de la auditoría número ASE-3119-2015, de la que se desprenden 53 observaciones.

Entre estas irregularidades destacan la falta de comprobación de gastos, la comprobación insuficiente, incumplimiento a la Ley de Adquisiciones y destacan en el rubro de Patrimonio las irregularidades en la integración de las inversiones de conformidad con las disposiciones legales aplicables en ocho observaciones, por un valor de casi 127 millones de pesos (126 millones 938 mil 787.40 pesos).

Al desastre financiero se le acumulaba ya para 2014 un deterioro en la gestión administrativa. El desorden generalizado y la falta de pericia en la conducción de los asuntos de este Poder pueden verse en el dictamen que la ASE realizó a la Cuenta Pública 2014 del Poder Judicial, constatando incumplimiento a la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior.

Se destaca la información contenida en la Cuenta Pública del 2014 del Poder Judicial del Estado por la falta de bases para cuantificar las obligaciones laborales y fiscales, y por inconsistencias en materia de fiscalización.

SE ENCUBRE CON CERCANOS

En los círculos judiciales se señala que Pérez Mata impulsó a algunos de sus cercanos dejando a un lado el mérito, lo cual sigue siendo causa de molestia entre jueces y litigantes. Entre estos cercanos se dio el encubrimiento al interior de Poder Judicial.

Uno de estos cercanos es Héctor Armando Alvear, quien ocupó la Oficialía Mayor del Poder Judicial.

Alvear es uno de los funcionarios judiciales que fueron exonerados de manera exprés en una revisión del Consejo de la Judicatura. 

Este procedimiento culminó con una determinación de inexistencia de responsabilidades administrativas. En un caso lo justificaron en que la Directora de Recursos Financieros —subordinada a la Oficialía Mayor— había dejado el cargo. Para el resto de los servidores públicos se determinó por parte del Consejo de la Judicatura, órgano presidido por el mismo Pérez Mata, que no existía nexo de conductas de funcionarios públicos dependientes de la Administración de Justicia con el estado en el que se encontraban los recursos invertidos en Ficrea.

Esta información consta en el informe ejecutivo del Informe de Resultados 2014 de la ASE.

NO VEN DELITO, NI DEPÓSITOS ILEGALES

Así como al interior del Consejo de la Judicatura no vieron acción qué castigar, Pérez Mata y su equipo tampoco advirtieron que no le estaban depositando los recursos a Ficrea, sino a una cuenta de la sociedad financiera que tenía en un banco: BBVA.

El TSJE realizó, entre 2010 y 2014, un total de 29 depósitos -que sumaron 207 millones- y 17 retiros -por 81.5 millones-, con lo que, al quebrar Ficrea, tenía un saldo a favor de 125.6 millones de pesos que la ASE considera como el monto del daño patrimonial causado a la institución.

De acuerdo con la ASE, el 100% de los depósitos realizados por el Poder Judicial se hicieron a cuentas propiedad de Ficrea, pero que la financiera tenía en BBVA Bancomer, un hecho que viola diversas disposiciones legales, no sólo de la operación de la financiera sino también del funcionamiento del Poder Judicial.

Es decir, los expertos legales no se dieron cuenta de un hecho que viola las leyes.

Fuentes cercanas al interventor que lleva el proceso para que los afectados por la quiebra de Ficrea recuperen sus ingresos, señalan que los recursos disponibles para pagar a los ahorradores difícilmente alcanzarán a cubrir el quebranto al Poder Judicial de Coahuila. 

Por ello, algunos expertos legales siguen preguntándose: ¿Por qué el Poder Judicial de Coahuila invertiría los recursos del Fondo para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, (integrado por recursos propios y por aquellos de particulares que son depositados ante los juzgados) en una caja de ahorro?

La explicación que dan los especialistas es que mediante diversas empresas “pantalla” se burlaba el control regulatorio de la Comisión Nacional Bancaria.

Detrás del extravío del dinero del Poder Judicial en manos de Ficrea debe buscarse la línea que conduce a la prosperidad de quienes definieron dichas inversiones.

PÉREZ MATA SIGUE LITIGANDO

Aunque Gregorio Pérez Mata decidió retirarse como magistrado, teniendo una pensión superior a los 150 mil mensuales, sigue litigando en casos familiares.

La columna PolitiCón de VANGUARDIA publicó el pasado 4 de julio que Pérez Mata estaba representando a un empresario en un divorcio.

“Un día sí y el otro también lo reportan en los juzgados, bastante activo. Este viernes dentro su cargada agenda atendió un divorcio en el Juzgado Tercero de lo Familiar, de un empresario local”, se mencionó.

Mientras tanto, los recursos invertidos por el Tribunal Superior siguen perdidos. Hasta el año pasado sólo se habían recuperado 26.1 millones de pesos, y la justicia por esta fallida inversión sigue congelada.