FGR podría llevar a Emilio Zebadúa, exoficial mayor de Sedesol y Sedatu, ante juez por Estafa Maestra

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FGR podría llevar a Emilio Zebadúa, exoficial mayor de Sedesol y Sedatu, ante juez por Estafa Maestra

El excolaborador de Rosario Robles enfrenta acusaciones por el desvío de más de 5 mmdp; la Fiscalía puede judicializar la investigación que tiene en curso. Foto: Tomada de Internet
El excolaborador de Rosario Robles enfrenta acusaciones por el desvío de más de 5 mmdp; la Fiscalía puede judicializar la investigación que tiene en curso

El primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dio luz verde a la FGR para que detenga a Emilio Zebadúa, exoficial mayor de Sedesol y Sedatu, por el presunto desvío de más de cinco mil millones de pesos, en el caso conocido como "Estafa Maestra".

La FGR interpuso un recurso de revisión para revocar la suspensión definitiva que un juez federal le otorgó a Zebadúa, quien busca un amparo  para no ser aprehendido.

Tras la decisión, la Fiscalía General de la República puede judicializar la carpeta de investigación y presentar el asunto ante un juzgado de Control.

 

Los magistrados tampoco le concedieron a Zebadúa la suspensión definitiva para que tenga acceso a la carpeta, pues ello infringe la facultad de reserva del Ministerio Público.

El excolaborador cercano de Rosario Robles argumentaba la omisión de las autoridades para citarlo en calidad de inculpado o imputado dentro de la carpeta de investigación que integra en su contra y también manifestó desconocer la acusación, los datos de prueba o elementos que hay en su contra.

Los magistrados respondieron que la persona que un imputado tiene acceso a los registros de la investigación en tres momentos: cuando se le haya detenido, cuando se reciba su declaración o sea sujeto de un acto de molestia y se solicite su entrevista, y antes de su primera comparecencia ante el juez para que prepare su defensa.

El año pasado, Emilio Zebadúa logró una suspensión que impedía su captura, además de que el Ministerio Público no podía citarlo a comparecer, confiscar bienes o judicializar la investigación que lo acusa de haber dirigido la falsificación de firmas y convenios, simular contrataciones y otros actos que resultaron en un daño al erario por 5 mil 73 millones de pesos.