La Fiscalía General de la República (FGR) informó anoche que, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, ha abierto sendas investigaciones en contra de los dos candidatos punteros a la gubernatura de Nuevo León, el priista Adrián de la Garza y el abanderado de Movimiento Ciudadano, Samuel García.

De acuerdo con el comunicado difundido por la dependencia que encabeza Alejandro Gertz Manero, la apertura de las carpetas de investigación en contra de estos dos candidatos derivan, en el primero de los casos, de “un gran número de denuncias ciudadanas” y, en el segundo, de información remitida a la dependencia por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Con los de ayer, son ya tres los actores políticos relevantes que, en pleno proceso electoral, son sujetos de investigación judicial por parte de las autoridades federales. El primero fue el gobernador del estado de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Todos son militantes de partidos distintos al del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Si son inocentes o culpables de los presuntos delitos de los cuales se les acusa es algo que deberá definirse ante un juez, una vez que se presenten las pruebas que, desde la perspectiva de la autoridad, acrediten sus señalamientos. Sin embargo, la suspicacia es inevitable cuando se tiene en cuenta el contexto electoral en el cual se registran los hechos.

En el caso de Adrián de la Garza y Samuel García resulta imposible no tener en cuenta lo que muestran todas las encuestas de preferencia de voto en Nuevo León: ambos se ubican como favoritos para ganar la elección del próximo 6 de junio, por encima de la candidata de Morena, Clara Luz Flores.

Tampoco puede soslayarse que, por encima de las presuntas “denuncias ciudadanas” que la FGR dice haber recibido en contra del aspirante priista al Gobierno de Nuevo León, ha sido el propio Presidente de la República quien ha “denunciado” el uso de la “tarjeta rosa” en la campaña del neoleonés en sus conferencias mañaneras de la semana anterior.

La mesa está servida para la especulación e invita a pensar que, más allá de los méritos legales que el caso tenga, estamos ante una de las más evidentes intromisiones de un Presidente de la República en las elecciones de un estado, con el propósito de inclinar la balanza hacia su favorita.

Y si esta fuera la verdadera razón detrás de la actuación de la FGR estaríamos hablando también de uno de los episodios más explícitos de uso faccioso de las instituciones públicas con fines electorales.

No se trata de exculpar de antemano o defender a los aspirantes del PRI y MC al Gobierno de Nuevo León, si acaso hubieran incurrido en las irregularidades que se les señalan.

Pero las formas utilizadas por el Gobierno de la República para “hacer valer la ley” no parecen democráticas, sino que reflejan más bien las peores pulsiones de un régimen autoritario que, frente a la posibilidad de no verse favorecido por el voto popular, está dispuesto a todo con tal de lograr sus objetivos.