Este día se dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera impugnó la decisión de la Fiscalía General de la República de cerrar el caso del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas, por enriquecimiento ilícito y presentó una nueva denuncia por una red de empresas fachada con las que el magistrado y un familiar triangularon depósitos al extranjero. 

 

De acuerdo a MILENIO se confirmó que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR notificó a la UIF y al propio magistrado presidente del Tribunal Electoral, José Luis Vargas, el ejercicio de la no acción penal en su contra y el cierre de la carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, lo que de inmediato fue impugnado por la UIF y una semana después presentó nueva evidencia no solo por este delito, sino por lavado de dinero y un esquema de empresas fachada para triangulación de recursos. 

 

En un breve comunicado, la UIF confirmó que presentó un recurso de inconformidad que ya fue admitido, y el 22 de junio interpuso una nueva denuncia que implica a seis personas: dos físicas y cuatro morales. 

 

Las nuevas investigaciones de la UIF, en las que se sustenta esta denuncia, determinaron que el magistrado José Luis Vargas junto con un familiar, un grupo de personas físicas y morales “operaron instrumentos financieros y corporativos” para realizar transferencias bancarias y depósitos en las cuentas de un familiar, y que en ningún momento fueron declarados ante la autoridad hacendaria. 

 

Este mismo grupo de personas, entre las que se encuentra el magistrado presidente, realizó transferencia al extranjero y constituyó empresas “cuya finalidad no se justifica, al haber funcionado únicamente como captadoras de recursos provenientes de empresas con características de posibles fachada para posteriormente dejarse sin funcionalidad”. 

 

Sobre la decisión del Ministerio Público de el ejercicio de la no acción penal el 15 de junio por el delito de enriquecimiento ilícito, la UIF explicó que tres días después, el 18 de junio, la Dirección General de Procedimientos Legales hizo una solicitud de argumentación en la que le explicaron que se trataba únicamente del delito de enriquecimiento ilícito, lo que ya fue impugnado ante el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el reclusorio Norte de la Ciudad de México. 

 

En diciembre de 2020, MILENIO reveló que la UIF detectó que el magistrado presidente José Luis Vargas compró residencias en Miami, movimiento valuado entre los seis y 10 millones de pesos; en Valle de Bravo por siete millones 100 mil pesos; en Lomas de Chapultepec por seis millones 800 mil pesos; y Polanco por tres millones 511 mil 900 pesos, sin que estos montos coincidan con los ingresos anuales que reportó por dos millones 400 mil pesos.

 

También, se encontraron depósitos por 500 mil pesos en efectivo, sin que exista justificación alguna para este movimiento, pues el magistrado se encuentra constitucionalmente impedido a tener ingresos adicionales a su labor de juzgador electoral. 

 

En declaraciones a MILENO, el magistrado dijo en ese momento que comparte bienes con su esposa; sin embargo, el sistema financiero mexicano y la UIF encontró además empresa fachada y no encontró justificación en la adquisición de estas propiedades.