CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de los Datos Personales (INAI) ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) que informe sobre todas las investigaciones abiertas o concluidas contra el expresidente Enrique Peña Nieto entre diciembre de 2000 al 29 de enero de 2021.

En una resolución encabezada por el comisionado Oscar Guerra Ford, el organismo autónomo revirtió una resolución de la FGR, a través de la cual la dependencia dirigida por Alejandro Gertz Manero se había negado a informar al respecto bajo el pretexto de que revelar estos datos podría “atentar contra la intimidad, honor, buen nombre y presunción de inocencia” de Peña Nieto.

Así, a pesar de la promesa de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador para enjuiciar a expresidentes, la FGR se negó en informar sobre carpetas de investigación que involucraban al expresidente, cuyo sexenio estuvo marcado por un sinfín de escándalos de corrupción, en los cuales se vio personalmente implicado.

El comisionado Guerra Ford argumentó que los pretextos de la FGR por reservar la información eran inválidos, pues consideró que en este caso “debe prevalecer el derecho de acceso a la información por encima de la reserva, pues se trata de un exsecretario, exdiputado, exgobernador y expresidente de la República, por lo que la información reviste un interés público, dados los requisitos para ocupar los cargos de referencia, las altas responsabilidades que le correspondieron”.

Según el INAI, a raíz de esta decisión la FGR deberá dar a conocer “la cantidad de averiguaciones previas y carpetas de investigación que ha abierto; el número de la averiguación y carpeta de investigación, el delito denunciado en cada indagatoria, la fecha de inicio de ésta, el estatus de cada una y la fecha de resolución de las que concluyeron en no ejercicio de la acción penal”.

Falta ver ahora si la FGR cumple con la orden del INAI, o si se niega en hacerlo, como lo ha hecho en el caso de su investigación sobre Odebrecht, en el que se negó de manera reiterada en acatar las órdenes del organismo autónomo, el cual llegó hasta interponer denuncias ante el Órgano Interno de Control (OIC) de la dependencia para sancionar a los funcionarios que se negaron en transparentar el expediente.