A nombre del Ejecutivo federal, Reyes Flores Hurtado indicó que están analizado el caso del confinamiento industrial de General Cepeda y que actuarán conforme a la ley, no ante presiones de la ciudadanía o del Alcalde.

Al respecto, Juan Salas, alcalde de aquel municipio, pidió que se transparente el caso incluyendo los estudios de impacto ambiental y que se exija la participación tributaria de la empresa a la administración local.

De acuerdo con denuncias recabadas por el Alcalde de General Cepeda, el basurero de residuos tóxicos que fue instalado en Noria de la Sabina es una amenaza para el medio ambiente y para la población de cinco ejidos.

“Es zona ventosa, tan es así que tenemos el parque eólico a un lado y eso dispersa prácticamente todos los olores a lugares, como Jalpa, Pilar de Richardson, Venicio López, Marte, incluso nos han mencionado que los olores han llegado hasta la zona paleontológica de Rincón Colorado”, aseguró Salas.

Sobre esto, Reyes Flores indicó que ya están revisando toda la parte técnica y que actúan apegados a la ley. Apuntó que actualmente están en proceso las inspecciones necesarias para emitir dictámenes sobre la operación de la empresa.

“Nosotros no vamos a apoyar nada que esté fuera de la ley. Va a haber una inspección, si hay una violación a la norma, no por la postura del Alcalde o la presión ciudadana, en razón de eso habremos de actuar”, declaró el representante de AMLO en el Estado.

Por su parte, Salas reclamó que, legalmente en el asunto el municipio solo es un espectador y que actualmente trabajan en un reglamento que les permita tener facultades para regular este tipo de establecimientos.

“No pagan impuestos, mientras se quita o no se quite, ellos tienen que contribuir, porque a ellos se les facilitan todos los servicios, bomberos, ambulancias, toda la infraestructura básica que requiere un municipio con un confinamiento de este tipo”, indicó el Alcalde.

Salas comentó que el próximo miércoles tendrán una reunión con Flores Hurtado para hablar sobre el tema e invitarán a Eglantina Canales, secretaria de Medio Ambiente, como una representante del Estado que dé seguimiento de los acuerdos que logren.