En el marco del III Observatorio Internacional de Derechos Humanos que organizó la Academia IDH, a finales de noviembre, se discutieron los retos y desafíos que plantea la política de Estado en materia de protección de los derechos de las personas desaparecidas en Coahuila.

Académicos, expertos independientes, colectivos de familiares de más de 10 estados de la República e instituciones públicas desarrollaron un diálogo constructivo para plantear los problemas actuales de la agenda de los derechos de las personas desaparecidas. Fue un espacio de discusión con sede en la UAdeC, en el que no sólo se visualizó el problema de la grave violación a sus derechos, sino que también se plantearon las rutas temáticas a seguir, las buenas prácticas a desarrollar, pero sobre todo las experiencias que las familias, sociedad civil y expertos internacionales compartieron para avanzar en la lucha por los desaparecidos.

El día de ayer, Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador constitucional de Coahuila de Zaragoza, se reunió en Palacio de Gobierno con los representantes de los cinco colectivos de familiares de personas desaparecidos, para entablar un primer diálogo sobre diferentes tópicos que forman parte de la agenda de trabajo.
En cada una de las intervenciones de las familias se resaltaron los principales retos, problemas y propuestas que se plantean en los temas del modelo de interlocución, forense, búsqueda, investigación, atención a familiares y armonización legislativa. 

Fue un primer espacio de diálogo en el que destaca sobre todo el empoderamiento de las familias en la lucha por sus derechos. Ellas son las protagonistas que han colocado en la agenda pública la construcción de avances que han desarrollado en estos últimos años bajo la administración de Rubén Moreira, pero también han sido claras en los aspectos críticos o problemas actuales que requieren redefiniciones, nuevos acuerdos y resultados para seguir en la defensa de sus derechos.

Coahuila, sin duda, implica un modelo a seguir en la República porque se ha conjuntado el esfuerzo de familiares, organizaciones internacionales, sociedad civil y expertos independientes para acordar con el Gobierno estatal una agenda de trabajo que requiere no sólo continuar, sino renovarse y fortalecerse aún más.

Riquelme fue sensible al tema, conocedor del trabajo realizado y comprometido para seguir avanzando en la lucha. Creo que fue un buen inicio que implicará nuevas exigencias de los colectivos, pero también nuevas respuestas del Estado, para tener mejores resultados en la lucha por la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

El movimiento social de las familias de personas desaparecidas, a mi juicio, es la referencia social más organizada, mejor estructurada, que implica un gran capital para el Estado. Las familias son un ejemplo de lucha por sus derechos, una esperanza real para recomponer el tejido social dentro del contexto de violencia que vivimos en México, pero sobre todo una persistente acción de amor y solidaridad por sus seres queridos que el Estado debe rendir cuentas para esclarecer lo que realmente sucedió con su desaparición, castigar a los perpetradores y reparar el daño de manera integral.

Una de las propuestas principales de Riquelme fue la seguridad. En la lucha de los derechos de las personas desaparecidas tiene un gran compromiso para fortalecer el tejido social. Avanzar en los derechos de las personas desaparecidas significará avanzar en un mensaje claro de seguridad: que nunca más estos hechos se vuelvan a cometer en nuestro Estado.

Esperamos que el próximo año se generen las mejores condiciones de diálogo y acuerdos entre familias, sociedad civil y Gobierno para fortalecer el trabajo que la anterior administración realizó en una perspectiva inédita de diálogo. Las familias exigen mayores resultados, redefinir algunos esquemas de trabajo y concretar mejores acciones de gobierno. Miguel lo sabe, lo conoce bien y ha mostrado su voluntad política. Las familias estarán muy atentas para desarrollar el cumplimiento de los compromisos.

Todos los temas de derechos humanos son prioritarios. En este caso, Coahuila tiene una gran oportunidad para consolidar una política de Estado que siga recuperando la paz, tranquilidad y la seguridad de nuestras familias, en especial las que sufren por la ausencia de sus seres queridos.

El autor es director general de la Academia IDH 

Este texto es parte 
del proyecto de Derechos 
Humanos  de  VANGUARDIA y  
la Academia IDH