Tras el reportaje publicado en Semanario de VANGUARDIA, donde víctimas indirectas del feminicidio dijeron sentirse presionadas por la Fiscalía para que los casos se resuelvan a través de procedimientos abreviados, Gerardo Márquez, fiscal general, aseguró que estos procedimientos se han hecho con el consentimiento de las familias.

Este lunes, Semanario de VANGUARDIA publicó que desde 2014, en Coahuila, el 84 por ciento de las sentencias por feminicidio se ha negociado entre la Fiscalía y los defensores de los imputados para resolver con un procedimiento abreviado en la que se admite responsabilidad, y se restan años al castigo penal.

“Estas alternativas no son para llegar más pronto al final sino para asegurar que el responsable reciba un castigo. Cada caso en particular debe analizarse, pero ningún procedimiento abreviado procede si no es con la anuencia de los familiares de las víctimas”, aseveró Márquez.

‘PODRÍA SER POR CARGA DE TRABAJO’

Las autoridades ministeriales ofrecen procedimientos abreviados en casos de feminicidios, ante la carga de trabajo que tienen, consideró como hipótesis Ariadne Lamont, directora de Instituto de Formación, Investigación y Consultoría de Género y Derechos Humanos.

“La fiscalía sabe hacer su trabajo, porque si no lo supiera hacer, no resolvería casos. Yo pienso que ofrecen el procedimiento abreviado porque están sobresaturados, es decir, yo creo es mi hipótesis que les faltan recursos humanos y materiales”, dijo la activista.

Durante la edición de ayer del programa Conversando, Carlos Arredondo entrevistó a Lamont y a Francisco Rodríguez, reportero de VANGUARDIA, quien coincidió en que la carga de trabajo podría ser un factor que detona que prácticamente en automático, las autoridades decidan proponer el procedimiento abreviado.