Familiares de los 72 migrantes ejecutados en agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas, exigieron a la Procuraduría General de la República (PGR) una explicación sobre los hechos ocurrido en esa entidad.

Luego de ingresar al edificio de la PGR, una comisión de familiares provenientes de El Salvador, Guatemala y Brasil indicaron que a seis años de lo sucedido, tienen dudas en que los restos entregados correspondan al de su familiar.

Alma García, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho lamentó que el recibimiento por parte de funcionarios de la PGR haya durado poco tiempo.

"Nunca han recibido una explicación, lamentablemente hoy duró sólo diez minutos por parte de PGR; no hubo información relevante", dijo.

Aseguró que los familiares de las víctimas  están molestos e indignados por la falta respuesta del Estado mexicano ante la grave violación a los derechos humanos.

Comentó que únicamente se les dijo que el expediente fue turnado a la unidad de migrantes y que hay ocho procesados.

"Solicitamos la revisión del caso, qué verifiquen si los cuerpos entregados son en verdad de sus familiares. Exigimos el derecho a saber lo que en realidad sucedió en la matanza de los 72 migrantes en San Fernando", enfatizó.

Luego de salir de la PGR el grupo de centroamericanos se dirige a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde los ministros de la Primera Sala discutirán mañana el tema de las fosas clandestinas "lo que podría ser un precedente en el tema de desaparición forzada y ejecuciones en México", indicó la Fundación.

"La violación del derecho al acceso a la justicia a estas familias que encierra la fragmentación de casos, negación de información, negación de copias del expediente, la falta de reconocimiento de sus derechos como víctimas, los malos procedimientos forenses, la falta de atención y reparación han caracterizado estos terribles acontecimientos", agregó.