“Su responsabilidad en la desaparición es clara. Estuvo al frente de los operativos, arribando a los escenarios. Estuvo con los soldados que dieron seguimiento desde el C4, conoció en tiempo real las agresiones”. 

En conferencia de prensa virtual, los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 mostraron su preocupación ante la posibilidad de que el capitán José Martínez Crespo, actualmente bajo investigación por “delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud”, pueda salir en libertad a partir del miércoles. 

Ese día termina el plazo constitucional para que el Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales con residencia en Toluca, Estado de México, decida sobre su situación. Por el momento la acusación se limita a señalar los posibles vínculos del militar con Guerreros Unidos, pero no existe una imputación formal que lo vincule a la desaparición de los normalistas. 

“Detienen a una personas que sabe mucho de nuestros hijos. Él estuvo ahí presente, tuvo el mando y nosotros lo que le pedimos al fiscal es que lo investigue”, dijo Joaquina García, madre de Martín Getsemany Sánchez García, uno de los 43 estudiantes desaparecidos. “¿Por qué está en el campo militar y no en un reclusorio?”, se preguntó la mujer.

Los familiares de los normalistas denunciaron también que la secretaría de la Defensa (Sedena) “no está cumpliendo con lo ordenado” por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y no ha entregado toda la información que se le solicitó, señala ANIMAL POLÍTICO. 

José Martínez Crespo, militar en reserva, se entregó a las autoridades el miércoles 11 y pidió una ampliación del plazo constitucional, que termina el miércoles. Según su abogado, Conrado López Hernández, permitió su captura tras acordar que sería encerrado en el recinto militar y que se garantizaría su seguridad. Además, denunció que la Fiscalía General de la República (FGR) congeló las cuentas de su compañera y su hijo. 

El capitán Crespo, en su primera declaración, se limitó a negar los cargos en su contra. La acusación es por vínculos con Guerreros Unidos, la organización criminal que participó en la desaparición de los 43. Aunque López Hernández, el abogado del militar, niega la credibilidad de las pruebas y asegura que se limitan al testimonio en tercera persona de un testigo protegido, alguien que dijo haber escuchado que el capitán estaba en nómina del grupo narco. 

“Ojalá el gobierno se ponga las pilas y no les pase como con policías que agarran y ciertos jueces los liberan. Mi preocupación es que lo puedan liberar. Se exige al gobierno mexicano que lo meta en cintura y que diga dónde están los 43. Porque él lo sabe”, dijo Clemente Rodríguez, padre de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los normalistas desaparecidos y del que fue encontrado un pequeño resto a 800 metros del basurero de Cocula, donde decía la denominada como “verdad histórica” que fueron enterrados los estudiantes. 

Recordó Rodríguez que el capitán estuvo en el hospital Cristina y que, según testimonios de sobrevivientes, amenazó a los estudiantes que allí estaban asegurándoles que si no se identificaban no los iban a encontrar. 

“No vamos a permitir que sea liberado. Debe ser sujeto a proceso y consignado. Sedena no ha cumplido con los acuerdos de que iba a aportar y tiene que cumplir”, dijo. 

“Sabemos que está vinculado con el crimen organizado de Iguala, que estaba en la nomina de ese crimen organizado”, dijo Mario César González, padre de César Manuel González, otro de los normalistas desaparecidos.

“Nuestros 43 hijos no están expuestos a ningún trato”, dijo. Además, se quejó de la falta de información proporcionada por Sedena. “No han entregado las bitácoras ni la información del C4. No tiene que salir de la cárcel y exigimos al juez penal de distrito de Toluca que revise las pruebas”, dijo.  

Desde que ocurrieron los hechos, los padres y madres de los 43 han exigido que se investigue el papel de los militares, y en concreto el del 27 batallón de Infantería presente en Iguala. El capitán Crespo estaba al mando de una unidad de este batallón y salió a patrullar aquella noche. Las familias de las víctimas temen que el acuerdo haya sido un modo de que el uniformado apenas pise la cárcel. Su abogado defensor asegura que en estos últimos seis años ha prestado declaración ante investigadores militares y civiles e insiste en que no tiene responsabilidad en las desapariciones ni vínculos con el crimen organizado.

Para los familiares, la entrega es sospechosa. Y exigen que se mantenga en prisión para que sus abogados puedan seguir presentando las pruebas que lo vinculan con los hechos. 

En septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se habían presentado varias órdenes de aprehensión contra militares, sin especificar el número. Este es el primero de ellos que pasa unos días en prisión. No sabemos hasta cuándo se puede alargar su situación.