En el marco del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, exigió al Gobierno de Coahuila facilitar las herramientas para tener cuentas claras sobre las cifras de desaparecidos en la entidad. 

La exigencia fue manifestada por la organización, luego de que a partir de abril de este año el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dejó de documentar ante el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas los reportes del fuero común y federal sobre las personas desaparecidas.

De acuerdo con la organización, dicha situación se ha debido a la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada; sin embargo, la Fiscalía General del Estado tiene el deber de habilitar un registro provisional de los reportes con la intención de informar a la Comisión Nacional de Búsqueda, mismo que hasta hoy no ha sido publicado. 

En ese sentido, la organización mostró su preocupación de que el Gobierno del Estado, a través de su Secretario de Gobierno, José María Fraustro Siller, mencionó en declaraciones recientes que su registro de 411 personas desaparecidas, mismo registro que podría no coincidir con los números de la Fiscalía General del Estado. 

“Si bien sabemos que existe un vacío por los cambios de poder a nivel federal, por no haberse publicado las reglas del RNPDNL, y que en Coahuila se trabaja en la implementación de la Ley General, este vacío no quiere decir que el Estado no asuma su responsabilidad en la obligación de dar información clara y precisa de datos que, como mencionan los informes de resultados, son de interés público por constituir crímenes de lesa humanidad que causan afectaciones graves en la sociedad”, expresó.

Aunado a dicha cuestión, la organización manifestó que la autoridad de la Fiscalía General del Estado les ha negado el acceso a la información al solicitarle la actualización de los reportes de personas desaparecidas bajo el argumento de que dichos registros contienen información personal de víctimas y familiares, y que dicha información es exclusiva para instituciones de Seguridad Pública. 

“Todo lo anterior referido nos lleva a un Estado de incertidumbre en cuanto a la grave problemática de desaparición forzada en el Estado, individualizando y ocultando a los desaparecidos”, agregó la ONG. 

En concreto, la organización Fray Juan de Larios estableció tres puntos en su petición, donde se exigió que la FGE desarrolle a la brevedad la publicación de un registro provisional; proporcione información clara y precisa a las familias y colectivos; y que las cifras sean manejadas mediáticamente de acorde con lo establecido en la Ley General.

“Nunca hay que olvidar que las personas desaparecidas son seres humanos, no números, no cifras, y por lo tanto, el Gobierno de Coahuila y el Estado Mexicano deben asumir la deuda que generaron al ser partícipes de las desapariciones de manera directa e indirecta”, concluyó.