La investigación ‘En el Desamparo’ revelará la manera en que han sido atendidos o “desatendidos” los familiares de las víctimas de Allende y San Fernando, Tamaulipas, sostuvo Sergio Aguayo, académico del Colegio de México.

En entrevista con VANGUARDIA, afirmó que la línea de investigación se abrió para hacer recomendaciones precisas hacia las dependencias a nivel federal y encargarse de víctimas desaparecidas, así como a los niveles de gobierno que deben dar seguimiento a la línea de justicia, como el Gobierno del Estado y el Municipio de Allende.

“Existe una problemática muy grave de los derechos humanos que desde aquél momento fue ignorada por los gobiernos”, expresó.

Aguayo comentó que durante la investigación, tuvo la oportunidad de observar detenidamente la metodología  en que operaron Los Zetas, cuando llevaron a cabo las desapariciones, y ejecuciones causadas por las represalias que tomó el grupo criminal contra las familias afectadas. 

Además, Los Zetas expandieron las acciones de desaparición y ejecución por Piedras Negras, Zaragoza y otros municipios. ‘’Allende es parte de un problema grave que se refugia en la Región Carbonífera”, dijo.

El documento de 300 cuartillas dará a conocer cifras inéditas acerca de lo que realmente sucedió entre el 18 y el 20 de marzo del 2011. 

Aseguró que el Gobierno de Coahuila mostró respeto a la independencia de la investigación, y que ya le ha hecho llegar el documento al Gobernador, donde participaron tres investigadores principales, cinco investigadores de segundo nivel y fue revisado por Marieclaire Acosta, Rubén Aguilar, Juan Villoro y Javier Sicilia. 

Ante la declaración que hizo la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre que fueron 27 y no 300 las desapariciones en Allende, Aguayo adelantó que en esta investigación se revelarán las cifras sólo de los desaparecidos de Allende y no de los municipios aledaños.

El académico apuntó que ahora deberán hablar con el Gobierno de Tamaulipas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y con el Gobierno de Coahuila, porque independientemente de quien esté ahora, y quien vaya a estar a finales del próximo año, el hecho es que el Estado tiene una obligación con las víctimas y no va a desaparecer con las siglas partidistas.