Si algo caracteriza a los partidos políticos en México es su vocación por el incumplimiento de las reglas que ellos mismos negocian y acuerdan en los órganos legislativos. Por ello, a nadie puede resultarle sorpresivo enterarse que, luego de los fallos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que implicó impedir el registro de diversos candidatos, se pretenda sustituirles con familiares directos de los sancionados.

Más aún: quienes terminaron expulsados de las boletas electorales por haber incurrido en faltas graves se han atrevido a hacer alarde en el sentido de que, aún con las sentencias dictadas en su contra, habrán de gobernar luego de las elecciones del próximo seis de junio.

Es el caso de Félix Salgado Macedonio, quien ayer afirmó categórico: “se los advierto: voy a ser Gobernador de Guerrero”. Y, todo hace indicar, no se trata solamente de un alarde, pues la información conocida indica que quien le sustituirá en la candidatura será su hija, Evelyn Salgado.

No es el único caso: en Coahuila, incluso antes de que la Sala Regional Monterrey del TEPJF emitiera el fallo que canceló definitivamente la candidatura de Luis Fernando Salazar como candidato de Morena a la Presidencia Municipal de Torreón, se conoció la solicitud de registro -ante la autoridad electoral local- de su padre, Luis Fernando Salazar Woolfolk, como aspirante sustituto de dicho partido.

Es preciso decir, desde luego, que tales decisiones son perfectamente legales y que, de triunfar en las elecciones correspondientes, quienes han sido anunciados como sustitutos de los aspirantes sancionados tendrán la legitimidad necesaria para ejercer los cargos.

El problema es que desde ahora se adivina la intención detrás de estas decisiones: que sean aquellos a quienes se cerró la puerta de los comicios quienes realmente ejerzan el poder a través de sus familiares directos.

Pero que eso ocurra depende necesariamente de una cosa: que a los ciudadanos no nos importe que los partidos políticos se comporten en la forma en la que lo están haciendo. Y si a los electores no nos importa la regla que castiga conductas como las sancionadas -en este caso, el omitir presentar informes de gastos de precampaña- entonces daría lo mismo que la citada regla no existiera.

Cabe entonces reflexionar si el problema es solamente la conducta poco ética de los partidos, sus dirigentes y figuras prominentes, o radica también en el hecho de que los ciudadanos no exijamos que nuestra clase política observe un comportamiento caracterizado por mayores niveles de decencia.

Frente a la situación actual, parece claro que el castigo que la Ley establece para quienes infringen las normas electorales es insuficiente y requiere, además, que los ciudadanos reprochemos en las urnas el comportamiento ilegal de quienes, por el solo hecho de haber sido sancionados deberían ser impedidos de ejercer cualquier influencia en los gobiernos que se conformarán a partir de la decisión que tomaremos en las urnas.