En la Casa de la Cultura Jurídica Saltillo se han colocado unas fichas biográficas; entre ellas, incluyen a quien todavía es Gobernador de Coahuila. 

En los tres renglones donde describen la preparación académica del titular del Ejecutivo, dice: “Maestro en Política y Gestión Pública por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, San José de Costa Rica”.
¿El detalle? Al menos en eso, la ficha biográfica no coincide con la realidad. Ni en Costa Rica, ni en alguna otra sede de dicha institución, existe una maestría con ese nombre. Puede preguntársele al sistema de tan respetada institución y la respuesta será que no tienen, en sus maestrías, a un exalumno cuyo nombre coincida con el buscado. 

En la página del Gobierno del Estado, se señala un logro académico similar: “Posgrado en Política y Gestión Educativa en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México”. En esto, al menos, una precisión: lo ofrecido con ese nombre es una especialidad de 10 meses, en la modalidad “a distancia” con un diseño semipresencial. Eso de que se haya cursado “en México”, como puede entenderse, es bastante relativo. 

De una maestría en Costa Rica a una especialidad por Internet. Así pudiera ser el abismo. ¿Ahí termina?
Tener o no un grado académico, aclaro, poco dice de las destrezas, aptitudes y actitudes de la persona.  Si bien es cierto hay quienes buscan esconder vacíos e inseguridades detrás de papeles, es claro que lo académico es apenas un dimensión de las muchas que componen a la persona. 

Y entonces, ¿a qué voy con todo esto?

Si en algo tan sencillo (redactar una ficha biográfica) pudiera encontrarse al menos una pifia, ¿qué puede esperarse de los miles de datos que día con día los gobiernos publican en sus portales de Internet? Esa es la pregunta. 

Sobre lo señalado pudiera decirse, tal vez, que alguno de la Casa Jurídica se pasó de creativo intentando quedar bien. O que alguien pasó el dato mal. Podrá decirse, también, que en nada afecta un letrero que solo algunos abogados tendrán el tiempo (e interés) de leer.  

El ejemplo, de tan sencillo, hasta ridículo puede parecer. Pero ahí, precisamente, lo que considero su valor: En la era de la información, pocos son los mecanismos reales que se tienen para verificar los datos.
En días recientes al menos dos momentos importantes tuvo el tema de la transparencia en Coahuila. Primero, luego de un amparo a favor del PAN, el Gobierno publicó una lista de proveedores con quienes tenían cuentas pendientes desde la anterior administración; segundo, se dio a conocer, y no por el Gobierno, la contratación de una deuda adicional por 830 millones de pesos. 

En ambos casos, la posición del Gobierno fue como de quien se ofende.

En el primer caso, aclaró que el amparo no era con el Gobierno sino contra la resolución del órgano garante de la transparencia (VANGUARDIA, mayo 11, 2016). Luego, como por arte de magia, apareció en las páginas gubernamentales una lista con lo que, por meses, argumentaron ponía en riesgo la estabilidad estatal: el nombre de los proveedores y la deuda saldada. Luego salieron a “poner en su lugar” interpretaciones erróneas de la información chimuela que ellos mismos publicaron. Con lo de la deuda, igual. Ofendidos, aclararon que no había aumentado a 41 mil millones, solo a 37 mil y fracción. 

El Gobierno tiene la información y la obligación de publicarla. Asegurarse de lo que se dice es cierto y completo es parte de su responsabilidad. Así de sencillo. 

@victorpena
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