Aterrizamos en el 2018 con el conteo de los estragos, en esta tierra en bancarrota que se llama Coahuila y sus múltiples de damnificados.

 

Primera. Resulta sumamente sospechosa la manera en que Alejandro Gutiérrez fue detenido en Ramos Arizpe sin previo “conocimiento” por parte de las autoridades estatales de la procuración de justicia.

 

Existe un requisito de legalidad derivado de una rogatoria de justicia, exhorto vamos, que es necesaria para que un grupo policiaco de un estado pueda tener injerencia en la detención de una persona; por ende, la información detallada al jefe administrativo del procurador era necesaria, de ahí surge la interrogante.

 

Los antecedentes del enfrentamiento (disfrazado de amistad) del grupo político de Moreira versión 2 con Manlio Beltrones y, por ende, con “la Coneja” eran evidentes y conocidos en el estado, y si bien es cierto sale damnificado Manlio y su aspiración, también lo es que se benefician sus enemigos. Lo raro es que nadie menciona que hayan existido irregularidades en su detención, de ahí la sospecha de la conexión Coahuila.

 

Segunda. Tiempo crucial para el candidato Meade será la primera semana de febrero, ya que de continuar en el tercer lugar de las encuestas, el futuro del PRI será de rescatar las sobras en ambas cámaras y algunos estados. De ahí la razón a colocar en la Secretaría de Elecciones a los dos hacedores del modelo de proceso electoral Coahuila.

El mensaje es claro, el arrebato del proceso del sufragio será idéntico: ante un candidato que no levanta, van las masas aceitadas, las urnas embarazadas y la fuerza policiaca.

 

Sólo que el factor no analizado por ese partido estriba en el repudio del pueblo al exgobernador y su “prestigio” de represor de la democracia, ya sólo falta que se lleven a Gabriela de León y se completa el cuadro.

 

Tercera. La Ley del Notariado de Coahuila contempla que debe existir un notario público por cada 20 mil habitantes, en nuestro estado el número es de 345 notarios con patente (los últimos 81 en noviembre 2017), dato que supera en mucho la cifra, porque para eso se requeriría que la entidad tuviera más de 6 millones 900 mil habitantes.

 

El gobernador Riquelme presentó y los legisladores aprobaron una reforma a la ley para que, en adelante, el gobernador no pueda dispensar la presentación de exámenes para concursar por un fíat notarial, como sucedió con su antecesor; sin embargo, la iniciativa se quedó corta, ya que se incluyeron figuras que sustituyen a un notario con licencia y, por ende, aumentan el número de estos y por otra parte no se ha roto el esquema de las notarías heredadas hasta el infinito de las generaciones. En Sabinas, Rosita, Ramos, Parras, Piedras Negras, Múzquiz y San Pedro hay más notarios que Oxxos.

 

Cuarta. Durante 2016, el Gobierno de Coahuila pagó facturas por 410 millones de pesos a 13 empresas “fantasma”, determinó un informe de la Auditoría Superior del Estado (ASE), ordenado por el Congreso local en septiembre de ese año y que ocultó la pasada Legislatura.

El informe de la ASE determinó que el Gobierno de Rubén Moreira incumplió al menos en 136 ocasiones con la Ley de Adquisiciones y en 179 casos encontró pagos irregulares que la administración estatal no pudo comprobar, por un valor de 410 millones de pesos.

 

“Como resultado de la Auditoría ASE-10009-2016 se desprenden observaciones que contienen hechos en los que se advierten irregularidades”, lo anterior en referencia a los pagos a las empresas consultoras que reciben pagos del erario coahuilense. Según la ASE, al no comprobar los mismos, no le es posible otorgar una opinión favorable, pero no cita responsables.

 

Pues bien, los elementos de reclamo están dados a fin de que los coahuilenses estemos ciertos de un gobierno del cambio y para el bien de sus habitantes. Amén.