Por Nayeli Roldán y Manu Ureste para Animal Político

El exsubsecretario de Sedatu, Enrique González Tiburcio, denunció penalmente ante la PGR que la firma que aparece en el convenio general realizado con la Universidad Francisco I. Madero en enero de 2016 y que derivó en el presunto desvío de 185 millones de pesos, no es suya, sino que fue falsificada.

El exsubsecretario de Ordenamiento Territorial desconoció su firma en el convenio mediante el cual se iniciaba la relación con la universidad para realizar diversos servicios, por lo que interpuso una denuncia ante el Órgano Interno de Control de la dependencia el 9 de julio de 2017, y un mes después, éste denuncio penalmente contra quien resultara responsable ante la PGR. Así inició el proceso de investigación de dicho convenio.

Sin embargo, de acuerdo con Julio Hernández Barros, el abogado de González Tiburcio, peritos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) determinaron que la firma contenida en el documento es verdadera, por lo cual el exfuncionario pasó de denunciante a imputado por el delito de “falsedad de declaración”. Es decir, por haber mentido respecto a la falsificación de su firma, según la Procuraduría.

En entrevista con Animal Político, Hernández Barros asegura que en un año y cinco meses después de interponer la denuncia, la PGR no le notificó a González Tiburcio sobre el cambio de estatus jurídico, sino que fue hasta el 3 de diciembre de 2018 para solicitar su presencia en la primera audiencia del 15 de enero de 2019.

El abogado negó que su defendido haya solicitado un amparo para no acudir a declarar y también se presentó a la segunda audiencia realizada el 24 de enero donde se confirmó que González Tiburcio no está siendo investigado por desvío de recursos públicos, sino por falsedad de declaración.

Este lunes Animal Político publicó que González Tiburcio, quien también fue Coordinador de asesores de Rosario Robles en Sedesol, es uno de los funcionarios de más alto rango en la Sedatu que firmó el convenio general SEDATU-UPFIM/SOT/05/2016 con la Universidad Francisco I. Madero y que derivó en el presunto desvío de recursos públicos de 185 millones de pesos.

Este y otros convenios fueron analizados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la auditoría número 196-DS y encontró diversas irregularidades como que las empresas subcontratados eran de “papel”, los comprobantes de servicios fueron apócrifos o copiados de convenios con otras universidades, por lo que el organismo interpuso una denuncia penal ante la PGR en octubre de 2018.

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