El expresidente de la Federación Centroafricana de Fútbol Patrice-Edouard Ngaïssona fue acusado este jueves de 111 crímenes de guerra y de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional (CPI) por su papel como líder de la milicia cristiana "Anti-Balaka".

La Fiscalía aseguró que Ngaïssona implementó un plan desde Camerún, donde estaba exiliado, para derrocar al gobierno de los "Seleka", una coalición de fracciones políticas y armadas mayoritariamente musulmanas que accedió al poder en marzo de 2013 a través de un golpe de Estado.

Ngaïssona habría financiado, proporcionado armas y dado órdenes a los "Anti-Balaka", que asesinaron, deportaron y torturaron a musulmanes y partidarios de los "Seleka" entre diciembre de 2013 y diciembre de 2014, según el pliego de acusación de la Fiscalía.

El objetivo era restablecer en el poder al derrocado François Bozizé, presidente de la República Centroafricana entre 2003 y 2013.

Ngaïssona, detenido en Francia en diciembre de 2018, compareció este jueves ante los jueces con una chaqueta de color azul oscuro y dijo, en su única intervención durante la vista oral de confirmación de cargos, que entendía la naturaleza de las acusaciones a las que se enfrenta.

Fue designado presidente de la Federación de Fútbol en 2008, lo que le dio prestigio sobre la población más joven de la República Centroafricana, según la Fiscalía.

"Tuvo una fuerte influencia en los coordinadores juveniles de Bangui -la capital de la República Centroafricana- y en las provincias", permitiéndole "movilizar a los jóvenes en sus respectivas áreas", señala el escrito de acusación. Desde el exilio, se habría coordinado con miembros cercanos al expresidente Bozizé para la formación de los grupos "Anti-Balaka" en la frontera entre Camerún y la República Centroafricana.

Estas milicias eran lo suficientemente fuertes para "desestabilizar y eventualmente derrocar al régimen de los 'Seleka' e infligir daño generalizado, destrucción y ataques sostenidos contra la población civil musulmana", asegura la Fiscalía.

Se le acusa de "emitir órdenes para ejecutar misiones y operaciones y atacar ciertos objetivos o ubicaciones", las cuales se habrían enviado a través de comunicaciones de radio y mensajes de correo electrónico.

En la lista de 111 crímenes de guerra y de lesa humanidad a los que se enfrenta, todos cometidos por sus tropas, hay ataques directos contra la población civil, asesinatos, deportaciones, torturas y violaciones sexuales, entre otros.

Dichas atrocidades se habrían producido tanto en Bangui como en las prefecturas de Ouham Pende, Lobaye y Mambere-Kadei, al oeste del país.

La Fiscalía aseguró que Ngaïssona tenía el poder de nombrar a los comandantes de las milicias "Anti-Balaka".

Entre esos líderes locales estaba Alfred Yekatom, conocido como "coronel Rambo" y que también está siendo juzgado en la CPI por veintiún crímenes de guerra y de lesa humanidad.

A Yekatom se le acusa de asesinato, tortura, deportación, traslado forzoso de población, encarcelamiento, mutilaciones, ataques intencionados contra la población civil y alistamientos de niños soldado, entre otros delitos.

Según su orden de arresto, tenía a 3.000 milicianos a su cargo y ejercía un férreo control sobre ellos.

Al igual que Ngaïssona, Yekatom dijo en su única intervención durante la vista oral de confirmación de cargos que entendía la naturaleza de las acusaciones a las que se enfrenta.

Los abogados de ambos criticaron a la Fiscalía por una supuesta parcialidad, pues la CPI aún no ha emitido ninguna orden de arresto contra los "Seleka", a pesar de que la fiscal general, Fatou Bensouda, investiga a algunos de sus miembros.

En mayo de 2015, las milicias "Anti-Balaka" y "Seleka" firmaron un acuerdo de paz en el que se comprometían a abandonar la lucha armada, aunque a día de hoy se siguen produciendo repuntes de violencia.