MÉXICO.- Los representantes legales de los 43 normalistas desaparecidos y sus familias afirman que el titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón, cometió 17 irregularidades durante la diligencia realizada en el río San Juan el 28 de octubre de 2014, incluyendo una grave violación al artículo 21 constitucional, en el que se establece que el Ministerio Público Federal es el único facultado para dirigir la investigación de un hecho delictivo. 

Según un análisis elaborado por los abogados Santiago Aguirre y Mario Patrón, autorizados por las familias para acceder al expediente, existe una jurisprudencia obligatoria de SCJN en la cual se advierte que si las autoridades policiacas investigan de “motu proprio” y sin la conducción de un Ministerio Público, se corre el riesgo de que un juez declare nulas las pruebas obtenidas en las diligencias, puesto que no cumplen con los requisitos que marca la Constitución. 

Los abogados del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez también califican como grave que el área de la SEIDO de la PGR haya consentido ese día la salida del imputado Agustín García Reyes, “El Chereje”, cuando el detenido estaba bajo su custodia y sin que se hayan emitido los oficios correspondientes, por lo que plantean que se sancione al funcionario.

Posible violación
En el análisis jurídico de cinco páginas, también se advierte que el defensor público federal asignado al caso también es corresponsable de la posible violación al debido proceso en que incurrió Tomás Zerón de Lucio, puesto que consintió la realización de una diligencia sin estar presente, por lo que prevén solicitar al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que inicie una investigación al respecto. 

Los litigantes señalan que el video presentado por el titular de la AIC para defender la legalidad de la diligencia que realizó el 28 de septiembre de 2014, cuestionada por el GIEI, demuestra que Zerón “tuvo bajo su control” la escena del río San Juan y que fue el funcionario quien solicitó la presencia de los servicios periciales de la PGR. 

“Todo esto se hizo sin la presencia del Ministerio Público a cargo de la averiguación previa, ignorando lo que el artículo 21 constitucional establece: ‘La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función”, explican.