De acuerdo con información proporcionada por la dirigencia local del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el número de solicitudes de jubilación, en el gremio magisterial, sufrió un incremento “violento” al inicio del presente año, pasando de un promedio de 60 a 70 casos mensuales, a cerca de 400 en el último mes.

¿Cuál es la explicación de este súbito “interés” de los miembros del cuerpo magisterial de Coahuila por retirarse del servicio activo?

Desde la perspectiva de Amancio Núñez Limón, titular de la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación en la entidad, detrás de esta auténtica “estampida” de mentores se encuentran las reformas recientemente realizadas a la legislación en la materia, misma que ahora exige un mayor número de años de servicio para acceder al retiro.

Se trata, según ha aclarado el propio funcionario, de una hipótesis que sólo podría demostrarse si se les pregunta a quienes han presentado su solicitud de jubilación, pero que tiene lógica pues el único elemento que ha cambiado en el entorno son las reglas para el retiro.

Por lo demás, se entiende que quienes han realizado el trámite —entre ellos el exmandatario estatal Humberto Moreira— cumplieron con los requisitos legales para acceder al cobro de una pensión por retiro y muchos de ellos lo hicieron de forma sobrada.

En otras palabras, se entiende que muchos de los hoy jubilados habían alcanzado con anterioridad la edad para acceder al retiro pero no habían optado por él, debido a que en el gremio magisterial la jubilación no es forzosa, sino voluntaria.

Más allá del hecho anecdótico representado por esta explosión demográfica de maestros jubilados lo importante es saber si tal hecho no constituye una presión para las finanzas estatales pues, amén de las prestaciones económicas que el retiro implica para los maestros, las plazas que quedan vacantes deberán ser cubiertas con nuevas contrataciones.

Teóricamente se entiende que el reemplazo de profesores, derivado del retiro de quienes alcanzan la edad de jubilación, constituye una variable contemplada en el presupuesto anual. El problema en este caso, sin embargo, está representado por el ritmo acelerado registrado en los últimos meses.

Valdrá la pena en este sentido que las secretarías de Finanzas y Educación expliquen —y garanticen— que la “estampida” magisterial no tendrá repercusiones negativas ni en las finanzas estatales, ni en la impartición de clases en el sistema público de enseñanza.

Y si esta última hipótesis llegara a actualizarse —en cualquiera de sus dos vertientes, o en ambas— cabría esperar el anuncio de acciones concretas para evitar que ello se traduzca en efectos indeseables, tanto en las finanzas públicas como en la calidad de la educación.