Hace ocho años se refugió en una esquina de la Universidad Iberoamericana frente a abucheos de estudiantes por su gestión en el Estado de México. Ahora, en solo una semana, el expresidente Enrique Peña Nieto ha sido acorralado por exfuncionarios de su Gobierno por el caso de la Estafa Maestra y Odebrecht. Incluso ha recibido un consejo del empresario acerero Alonso Ancira Elizondo: correr a Timbuctú, puesto que el presunto pacto de impunidad con el Presidente Andrés Manuel López Obrador podría estar en riesgo.

“Peña Nieto está acorralado desde que terminó su sexenio. Hay pruebas contundentes de que hubo corrupción no solo durante su Gobierno, sino también durante su campaña. En cualquier país medianamente democrático ya estarían llamándolo a que comparezca”, dijo el analista político de la Universidad de Guadalajara, Enrique Toussaint. “Todas las pistas apuntan a que aceptó obtener recursos de forma fraudulenta para su campaña. Están todas las piezas, por qué no lo hace la Fiscalía. López Obrador lo hace más para seguir lucrando políticamente con lo que fue la corrupción del PRIAN. No le interesa mucho procesar al expresidente, no veo probabilidad de que caiga o que mínimo venga a México a testificar, porque cada que el fuego se acerca al expresidente Peña Nieto, las cosas se apagan y quedan en operadores intermedios”.

Sumado a la consulta ciudadana sobre enjuiciar a expresidentes y las declaraciones del extitular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, sobre la planta chatarra Agronitrogenados, este lunes se dio a conocer que Emilio Zebadúa González, exoficial Mayor de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) –a quien llegaron diversas advertencias sobre triangulaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF)–, ofreció convertirse en testigo protegido y dar información sobre los desvíos de recursos públicos encabezados por su exjefa Rosario Robles Berlanga y, asegura, Peña Nieto está relacionado.

El politólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Maximiliano García Guzmán, coincidió en que son bajas las probabilidades de que Peña Nieto sea llamado a declarar por ahora, ya que a la luz de las elecciones de 2021 “tiene un manejo relacionado más con intereses políticos que jurídicos y no solo en este caso, sino en el de combate a la corrupción e inicio de procesos contra funcionarios de administraciones pasadas”. Para el académico, al Gobierno federal “le conviene más una amenaza de proceso que un proceso en sí”. Quizás a finales de sexenio use esa carta, agregó.

El Presidente López Obrador dijo en la conferencia matutina del miércoles  que el criterio de oportunidad debe abonar a la recuperación del daño, en el caso de la Estafa Maestra, el reintegro de al menos 5 mil millones de pesos desviados de dependencias federales a universidades públicas como la de Morelos e Hidalgo y a empresas fantasma.

El viernes además se informó que un Juez federal emitió una orden de aprehensión en contra de Robles Berlanga, ahora por los presuntos delitos de crimen organizado y lavado de dinero. La exsecretaria de Estado e íntima del expresidente permanece en el penal de Santa Martha Acatitla, al sur de la Ciudad de México, desde agosto del 2019 señalada de omisión, pero en misivas ha argumentado que la actual Administración federal la mantiene ahí solo porque se ha negado a delatar con información sobre los desvíos que dice no tener.

Otra orden de captura es la que prepara solicitar la Fiscalía General (FGR) contra el exsecretario y hombre más cercano al Presidente, Luis Videgaray Caso, quien actualmente reside en Estados Unidos, como profesor titular y director de un proyecto sobre inteligencia artificial del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT). El ex titular de Pemex, Emilio Lozoya, lo acusa de ser la mente detrás de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para las elecciones de 2012 y para que legisladores aprobaran la Reforma Energética. La primera orden obtenida fue retirada para pedir otra con nuevos elementos para perfeccionar la acusación, una decisión que para el politólogo Maximiliano García también fue una estrategia política para mantener los reflectores sobre funcionarios peñistas sobre solo una posibilidad de proceso.

“No creo que caiga Videgaray, porque ahí sí puede caer Peña Nieto. Fue clave a la hora de acordar ciertas cosas con la actual administración”, consideró el analista Enrique Toussaint. “Pero creo que al Presidente López Obrador le interesa más que se mantenga como un tema de debate político y no de la justicia. Estamos más en la arena política pensando en las elecciones de 2021”.

 

Desde otro frente, el Reclusorio Norte, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, tuiteó que en 2012 recibió una llamada telefónica desde Sao Paulo, Brasil, de la casa de Marcelo Odebrecht, ahora detenido por sobornos millonarios a diversos países, entre ellos México. Era el Presidente electo Enrique Peña Nieto.

“Me llamó vía telefónica para solicitarme (instruirme) que acelerara todos los trámites y obras que el Gobierno del estado de Veracruz tuviera pendiente para que Etileno XXI pudiera arrancar lo antes posible, ya que él tenía un compromiso muy grande con estas personas, por el apoyo que había recibido para su campaña presidencial”, escribió en su cuenta de Twitter el expriista señalado de lavado de dinero y asociación delictuosa.