En la primera revisión de la cuenta pública en que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene facultades para supervisar el ejercicio de las participaciones federales a los estados, se detectaron deficiencias e irregularidades en la redistribución de estas partidas en la mayoría de las entidades en detrimento de los municipios, así como ausencia de criterios claros para calcular los recursos que les corresponden y retención indebida de las mismas.

Aunque pocas entidades no incurrieron en estas irregularidades, el comportamiento general de los gobiernos estatales va en detrimento de las finanzas municipales o de las delegaciones. Incluso el gobierno de la Ciudad de México fue observado, y se detectó que no se publicaron ciertas participaciones e incentivos federales para las demarcaciones territoriales. Asimismo, el proceso distributivo y de asignación a éstas de las partidas federales no es transparente y la información proporcionada por la entidad fiscalizada no permitió determinar cuál fue el monto asignado a cada demarcación.

La falta de transparencia es una observación constante de la ASF en la distribución de las participaciones federales a los municipios o delegaciones.

La ASF advirtió, en la revisión de la Cuenta Pública 2016, que este comportamiento no fue detectado solamente en la capital del país y es una constante en gran parte de los estados, aunque en algunos casos el uso de las participaciones federales derivó en daño patrimonial. En Baja California Sur se carece de justificaciones de deducciones por concepto de Issste y falta aclarar pagos a terceros en algunos recursos ejercidos por 246.9 millones de pesos.

El gobierno de Coahuila no pagó a los municipios un monto de 200 millones de pesos correspondientes a los ajustes de junio, diciembre y la liquidación 2016, ya que los recursos no fueron ministrados a todos los municipios. Se pagaron recursos por concepto de 100 por ciento del impuesto sobre la renta adicionales a los que correspondían a los municipios, ya que existieron inconsistencias sobre deducciones no efectuadas en cuatro municipios.

Una de las observaciones recurrentes de la ASF a los estados destaca que no se dispone de fórmulas de distribución ni de las variables utilizadas para otorgar las participaciones federales a los municipios, ya que sólo están disponibles los porcentajes.

Además, a muchos municipios no se les entregó el total de recursos del Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y de los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel. Asimismo, son insuficientes los controles para resguardar los documentos en los que los ayuntamientos autorizan afectaciones a sus participaciones federales.

Otros comportamientos irregulares de los estados son los montos reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como en Baja California, que presentó inconsistencias referentes a los importes de las autoliquidaciones de los incentivos a la venta final de gasolina y diésel y del impuesto sobre automóviles nuevos; no ministró intereses a los municipios por los errores en la distribución de los mencionados incentivos por 261.9 miles de pesos y tuvo errores en la distribución de los mismos a los ayuntamientos, y realizó un cobro excedente por intereses de anticipos de participaciones federales ministrados a solicitud de los municipios de Mexicali.