A una semana de haber presentado la petición al Gobernador de Coahuila, jubilados y pensionados del magisterio acudieron ante la Fiscalía General del Estado, a la Especializada en actos de Corrupción y al Sistema Estatal Anticorrupción, a urgir respuestas sobre las denuncias penales que tiene la autoridad contra las instituciones al servicio de la educación y que son investigadas desde 2015.

En un día de agenda, los maestros realizaron un recorrido en las tres instituciones, empezando por el despacho de Gerardo Márquez Guevara, fiscal General del Estado de Coahuila, y la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, dirigida por Jesús Homero Flores Mier.

En esta entrega, el grupo magisterial solicitó información detallada de las 16 denuncias penales que persiguen presuntos actos delictivos contra la Dirección de Pensiones, el Servicio Médico, el Fondo de la Vivienda y el Seguro de la Sección 38.

De acuerdo con los maestros, estas denuncias fueron presentadas por irregularidades encontradas en los ejercicios anuales detallados por la Auditoría Superior del Estado en 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 de donde se desprende una afectación a las arcas públicas de por lo menos mil 300 millones de pesos.

A la Fiscalía, los maestros pidieron los peritajes contables que han realizado, las solicitudes a la ASEC, los documentaales que ha utilizado la Fiscalía, las declaraciones de funcionarios a quienes se les ha investigado todo tipo de diligencias realizadas que puedan representar un avance en los casos.

Entre este grupo magisterial, se apersonaron maestros jubilados, pensionados y en activo de la Universidad Autónoma de Coahuila, de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y del Sistema Educativo Estatal de la Sección 38, todos derechohabientes de las instituciones.