El Instituto para las Mujeres en la Migración, manifestó que entre las políticas públicas que se exigen a la autoridad para combatir los delitos de violencia de género en México, deben incluir a la justicia para las mujeres que se encuentran migrando por el país.

Berenice Valdez, coordinadora en dicha organización civil, manifestó que la autoridad ya tiene conocimiento de que estas incidencias han incrementado debido a la instalación de la Guardia Nacional en ciertos puntos, pues ésto ha obligado a transitar a las mujeres migrantes por otras rutas donde son más susceptibles para ser víctimas del delito.

“Las políticas migratorias al estar haciendo revisiones carreteras, y al estar desplazando a la Guardia Nacional por todo el país, las obliga a buscar otras rutas más riesgosas. No es nuevo que hay abusos y violencia contra las mujeres en el camino”, expresó.

De acuerdo con datos de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Población Migrante, de 2015 a la fecha se han detectado 108 delitos donde las víctimas son mujeres, y de esos 20 casos son de violencia sexual, de los cuales, todos se encuentran en trámite; es decir, no hay ninguna carpeta de investigación concluida.

Sin embargo, Berenice detalló que en el 90 por ciento de las mujeres migrantes son víctimas de alguna violencia de algún tipo en manos de autoridades y de particulares, e incluso hay casos de redes de explotación sexual y otros donde las víctimas de delitos sexuales contraen VIH o son embarazadas, mientras que la autoridad no actúa en términos de salud o de justicia.

En ese sentido, llamó a la autoridad a mostrar apertura, pues en los casos que ha manejado la organización no hay ni una sola sentencia, expresó.