El Consejo Cívico de Coahuila junto a los de otras 18 entidades se reunió en Monterrey a finales de febrero pasado para exhortar a que se otorguen los nombramientos de los diferentes órganos del Estado Mexicano que faltan para cumplir con la integración del Sistema Nacional Anticorrupción. 

Alejandra Wade Villanueva, directora del Consejo Cívico de las Instituciones de Coahuila, explicó que durante esta reunión se logró que los representantes de los consejos de Sonora, Oaxaca, Estado de México, Michoacán, San Luis Potosí, Zacatecas, Chihuahua, Tabasco, Querétaro, Durango, Guanajuato, Tamaulipas, Colima, Puebla y Yucatán, se organizaran y compartieran información sobre la operatividad de cada uno de los órganos: 

“Pudimos ver la visión de todos los órganos, ver la comparativa de cómo algunos ya cuentan con su presupuesto, otros con la secretaría técnica, otros ya han sesionado, otros tienen el reglamento interno y buscamos conocer estas diferencias, compartir los documentos entre los 18 fue un ejercicio muy positivo en el que se llegó a la conclusión de un mensaje común”. 

Los acuerdos finales a los que llegaron fue exigir al presidente Enrique Peña Nieto que justifique la propuesta de los 18 magistrados para integrar la Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y pidieron al Senado hacer públicos los criterios para su designación. 

También exigieron los nombramientos del Titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción y del Titular de la Auditoria Superior de la Federación. A los gobernadores también les solicitaron que les provean de los recursos necesarios y otorguen los nombramientos pendientes para el correcto funcionamiento de los Sistemas Locales Anticorrupción. 

Por su parte, José Manuel Gil Navarro, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, señaló que los nombramientos de las autoridades tienen que ser a través de mecanismos verificables, auditables y que los perfiles obedezcan a idoneidad en el puesto, además se pronunció por la tardanza de la aplicación del mecanismo anticorrupción. 

“Me parece que el sistema tenía que estar funcionando desde julio de 2017 y el hecho de que no esté hoy funcionando es atribuible a las fuerzas políticas, también vamos un poco para atrás porque cuando empezó a funcionar el sistema sí había Auditor Superior de la Federación, pero venció su encargo y no ha sido designado uno nuevo”. 

Finalmente, Gil Navarro dijo que la importancia de la designación de las piezas clave es que ambos perfiles tienen competencia sobre los Estados.