Saltillo, Coahuila.- Colectivos de familiares de desaparecidos en Coahuila y la organización civil Fray Juan de Larios, saludaron la disposición que Andrés Manuel López Obrador tuvo respecto a la investigación del nombramiento de Jesús Torres Charles como administrador central en el SAT; sin embargo, aseguran que todavía falta hacer justicia debido a las acusaciones en contra del exprocurador de Coahuila. 

A través de una carta enviada al Presidente, las organizaciones Familias Unidas, Fray Juan de Larios y Fuundec- Fundem, manifestaron que aunque se reprochó el cargo ya retirado de manera voluntaria al funcionario, se debe investigar por la vía penal las omisiones y comisiones delictivas que se señalan contra el exfuncionario durante su gestión como Procurador de Coahuila entre el 2005 y el 2012.

Bajo esa tesitura, los colectivos señalaron que durante esa gestión, el procurador tuvo a su cargo el penal varonil de Piedras Negras que fue tomado por el cartel de los Zetas, ademas de los hechos ocurridos en como la Masacre de Allende, mismos actos catalogados como los más terribles de la época reciente en la entidad. 

Además, agregaron que durante su mandato fueron creados cuerpos policiacos de élite, como los GATE y Grupo de Reacción Inmediata, quienes en reiteradas ocasiones han sido denunciados de manera pública por las prácticas contra derechos humanos que encabezaron en contra de la población civil.

Asimismo, reiteraron las dudas de que el exfuncionario de alto rango estuvo involucrado con el crimen organizado convirtiéndose en una pieza fundamental para desplazar el estado de derecho en el país y así cometer delitos de alto impacto, como fue revelado por la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas, en su informe recabado con los juicios en la unión americana; “Control... sobre todo el estado de Coahuila”.

“Un operador financiero de los Zetas declaró ante un juez que Jesús Torres Charles y Vicente Chairez sobornaron al entonces Procurador General del Ministerio Público, para darle protección a los Zetas como parte de un acuerdo entre dicho cartel y el Gobernador de Coahuila en ese tiempo, Humberto Moreira”, expresan.

También agregan, que de acuerdo con informes y organizaciones civiles nacionales e internacionales durante la temporalidad de su gestión, fue cuando se registraron más de la mitad de las casi dos mil desapariciones que se investigan en la entidad.

“Sr. Presidente, los graves indicios existentes deberían ser suficientes para abrir una investigación real y exhaustiva sobre las graves violaciones a derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Estado, y someterse a procesos confiables e imparciales de justicia", agregan subrayando lo mismo para el exgobernador Torres López.

Por otro lado, antes de concluir, los colectivos manifestaron que las acciones que se tomen en torno al tema, podrían hacer que los coahuilenses y el país entero empiece a confiar en que existen verdaderos pasos para construir paz y justicia, donde se implica que las personas desaparecidas regresen a casa.

En el pliego petitorio se incluyen dos causas.

Investigaciones exhaustivas sobre posible colusión entre las autoridades y el crimen organizado incluyendo a Torres Charles, mismas que dejaron víctimas mortales y de desaparición; y por otro lado, se pidieron acciones claras y contundentes sobre construcción de paz, justicia y garantías de no repetición, a través del combate a la impunidad.