NUEVO LAREDO, TAMPS.- Hace más de tres años miembros de la Semar detuvieron en Nuevo Laredo a los hijos de Érika Arredondo y María del Rosario Navarro; desde entonces no tienen noticias de ellos.

Ambas consideran un “sinsentido” e “insuficiente” el acto de disculpa pública llevado a cabo el martes 13 como parte del cumplimento de la recomendación de la CNDH por las graves violaciones por personal naval en agravio de 27 personas.

En base al reporte del semanario Proceso, el acto protocolario en la Plaza Primero de Mayo de la ciudad fronteriza fue encabezado por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez.

LOS HECHOS

Durante los primeros días de la detención de Julio César, su celular lo ubicó en las dos bases de operaciones que tenía la Unidad de Operaciones Especiales de la Semar en Nuevo Laredo; la última vez, en la carretera a Nuevo León, entidad donde el grupo de la élite de la Marina tenía otra base de operaciones, en Colombia.

“Hay un elemento que sí reconoce el accidente, pero que ya no supo a dónde lo llevaron”.

María del Rosario afirma que el 21 de mayo del 2018, marinos que fungían como guardaespaldas del alcalde de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar, detuvieron a su hijo Juan Carlos, de 26 años, cuando estaba en una gasolinera cercana al evento de cierre de campaña del político panista en busca de su reelección.

Por la desaparición de Juan hay 13 marinos procesados, entre ellos Alfredo Reyes, quien estaba al frente de la Unidad de operaciones Especiales de la Semar.

PACTO

Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, asegura que “hay un pacto de muerte, un pacto de silencio en la Unidad de Operaciones Especiales, para que ningún marino de los que detuvieron en Nuevo Laredo proporcione información a la CNDH, FGR y la propia Semar sobre lo que pasó entre diciembre de 2017 y mayo de 2018”.

Recuerda que durante ese periodo Marco Antonio Ortega Siu estuvo al frente de la Unidad de Operaciones Especiales.

Ramos narra que hay información pública sobre las reuniones entre el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Ortega Siu. Apunta que las actividades de la Unidad de Operaciones “no se pudieron haber dado sin el aval del presidente municipal y sin el visto bueno del gobernador”. Con información de Proceso