CDMX.- En México, durante 2015 se registraron 3 mil 423 solicitudes de asilo, de las cuales se reconoció a 939 personas como refugiados y a 62 con protección complementaria, de acuerdo con cifras de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). 

La CNDH exhortó al Estado Mexicano a reforzar las acciones de protección en favor de los derechos humanos de las personas solicitantes de la condición de refugiados, así como a valorar desde un enfoque garantista y de protección integral la situación de vulnerabilidad por la que atraviesan quienes hace esta petición. 

La Comisión informó que ha recabado durante los últimos 10 años 219 quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos de personas solicitantes de refugio o refugiados, y ha emitido 4 recomendaciones: la 35/2007 y la 57/2012, dirigidas al INM; y las 77/2012 y 31/2013, enviadas a la Comar. 
“Identificando violaciones a los derechos a la seguridad jurídica, trato digno, igualdad, legalidad, seguridad e integridad personal, de petición y a la libertad”, expuso. 

Para el organismo nacional se deben garantizar medidas extraordinarias de protección, también a los niños y adolescentes no acompañados en la migración, quienes por su condición deben gozar de todas las medidas necesarias de protección y apoyo establecidas en el marco legal mexicano y en los tratados internacionales que nuestro país ha firmado y ratificado. 

En su informe Tendencias del primer semestre del año 2015, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) declaró que el número total de refugiados ha aumentado de forma significativa y sistemática. 

A finales de 2011 se contabilizaban 10.4 millones de personas en esa situación, y para mediados de 2015 ascendió a 15.1 millones, es decir, la cifra más elevada en 20 años. De esta manera, en 3 años y medio la población refugiada global aumentó 4.7 millones de personas, casi 45%. 

La CNDH dijo que trabaja de manera coordinada con el ACNUR para generar acciones conjuntas de difusión, protección, promoción y capacitación sobre los derechos humanos de los refugiados, y de las obligaciones que el Estado Mexicano ha adquirido en dicha materia. El