Hay dieciséis exgobernadores encarcelados, prófugos o bajo investigación.  Deberían ser más pero esa cifra basta para asegurar que hay cambios en ese ámbito. 

Para institucionalizar la Revolución, el poder central llegó a un entendimiento con los gobernadores. Ellos se encargarían de controlar sus estados pero se plegarían a las decisiones presidenciales. Cuando las protestas sociales rebasaban ciertos límites o se insubordinaban eran rápidamente desaforados u obligados a renunciar. Así funcionaba aquel México.

Ese régimen se resquebrajó, llegó la alternancia y las entidades empezaron a recibir carretadas de dinero. Creció exponencialmente su autonomía sin que mejorara su calidad. Lo que sí creció fue la voracidad complementada, en algunos casos, con el sometimiento al crimen organizado por miedo o complicidad. Y el resultado es esa lista de la ignominia donde predominan los priístas, pero que también incluye panistas y perredistas. 

Todos proclaman su inocencia utilizando diferentes modalidades. Roberto Borge (Quintana Roo, PRI) infantiliza el lenguaje y dice que “Roberto Borge no es un delincuente”; Rodrigo Medina (Nuevo León, PRI) adopta modales de rey para informar que “no hemos cometido [delito] alguno y lo vamos a demostrar”; Guillermo Padrés (Sonora, PAN) se presenta como patricio ofendido y agrega: Soy un “perseguido político” que enfrenta el infortunio “con la frente en alto”; Tomás Yarrington (Tamaulipas, PRI) va al grano: “Yo no tengo ninguna relación con el crimen organizado”; y los veracruzanos niegan: Fidel Herrera (PRI) dice estar “limpio y [tener] la conciencia tranquila” y Javier Duarte (PRI) califica las acusaciones como “infamias, calumnias, denuncias [sin] sustento”.

¿Por qué no tienen efecto pedagógico esas detenciones?, preguntaba Leonardo Curzio en el programa Primer Plano del pasado lunes. La mejor respuesta está en las 900 páginas de las Memorias del político y militar Gonzalo N. Santos (San Luis Potosí, PNR-PRM-PRI). Es un tratado descarnado sobre las redes de corrupción e impunidad de la política mexicana que el cacique justificaba con dos frases: “la moral es un árbol que da moras” y “en política se vale todo menos perder”. El historiador Enrique Márquez Jaramillo lo investigó y entrevistó y relata el escrúpulo que puso a la hora de reconstruir los asesinatos que cometió, las urnas que se robó, las intrigas en que se metió (el sarcástico Fidel Velázquez comentaría que “intenté leerlas pero me quedé en el muerto número 200”). 

Los exgobernadores actuales vocean su inocencia pero siguen emulando prácticas relatadas por el cacique potosino. Se sienten seguros porque la justicia mexicana rara vez investiga las redes de corrupción, los contextos, las verdades históricas. Los ministerios públicos y los jueces generalmente buscan obtener alguna declaración que permita encarcelarlos por delitos que facilitan su posterior liberación.

Hay barruntos de cambio y Chihuahua es el adelantado. El gobierno de Javier Corral y buena parte de la sociedad se tomaron en serio documentar y castigar los excesos cometidos por César Duarte. Lo novedoso es que la PGR está actuando. Ya solicitó “una orden de aprehensión contra el exgobernador por los delitos de peculado electoral”. El fiscal especial Santiago Nieto Castillo ya acreditó la transferencia de 15 millones de pesos al PRI y quiere demostrar que fueron 79 millones.

En el trasfondo hay varios hechos: a) lo principal es el trabajo incansable de periodistas, académicos y activistas mexicanos que han denunciado y combatido a los malos gobernantes; b) también importa la presión ejercida por diversos integrantes de la comunidad internacional; y c) hay políticos y funcionarios que entienden lo corrosiva que puede ser la corrupción y han optado por cimentar sus carreras en combatirla. 

Es aventurado hacer pronósticos optimistas e injusto soslayar que la inconformidad con la deshonestidad de nuestros gobernantes se ha ido transformando en exigencias concretas y muy bien documentadas. De ahí nacen iniciativas tan ambiciosas como #VamosporMás y la reacción que están tomando algunas autoridades. El saldo a favor es de dieciséis exgobernadores tras las rejas, prófugos y en proceso de extradición o investigación. Faltan más. Vayamos por ellos. 

Twitter: @sergioaguayo

Colaboró Zyanya Valeria Hernández Almaguer