CDMX.- La ruptura entre el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y sus antiguos colaboradores en esa dependencia mantiene en vilo las investigaciones de la FGR contra una decena de exlegisladores del PAN y del PRI acusados por el exfuncionario de recibir presuntos sobornos a cambio de aprobar la reforma energética en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Ante las desavenencias de Lozoya con Rodrigo Arteaga Santoyo, su secretario particular en Pemex, y Francisco Olascoaga Rodríguez, su director de Administración, ambos testigos se negaron a rendir su declaración ministerial y a aportar las evidencias, que presuntamente incluyen videos y recibos de las presuntas entregas de dinero por más de 80 millones de pesos a los legisladores.

No obstante, los testimones de ambos imputados, a los que el semanario Proceso en su última edición reveló que tuvo acceso, forman parte de la defensa del exsenador del PAN, Jorge Luis Lavalle Maury, actualmente preso y sujeto a proceso penal por los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho.

Ante el abogado José Zapata, defensor de Maury, Olascoaga y Arteaga refutan toda la narrativa construida por Lozoya en su denuncia de hechos del 20 de agosto de 2020 para solicitar un criterio de oportunidad que le permitió librar la cárcel tras su extradición a México, pese a las dos causas penales que enfrenta por los casos Odebrecht y Agronitronegados.

En ambos documentos que equivalen a un dato de prueba, los dos exempleados de Lozoya niegan todos los señalamientos del exdirector de Pemex y rechazan tener en su poder los recibos y videos que, según él, iban a aportar a la indagatoria del caso Odebrecht para acreditar los presuntos sobornos mencionados.

REBELDES

Lozoya afirmó en su denuncia ante la FGR que existía un video por cada una de las entregas de dinero a los enviados del PAN y que Arteaga y Olascoaga podían aportar esa evidencia. Sin embargo, ambos excolaboradores de Lozoya negaron la existencia de esos videos.

Desde noviembre de 2020, Arteaga y Olascoaga había sido identificados por la FGR como “testigos rebeldes”, quienes se negaban a comparecer ante las autoridades: incluso presentaron juicios de amparo para no ser detenidos. Con información de Proceso