Al menos internamente, el Poder Judicial de Coahuila no halló elementos para inculpar a algún funcionario por el desfalco de 125 millones de pesos que sufrió el Fondo del Mejoramiento para la Administración de Justicia por el caso Ficrea, sostuvo Gregorio Pérez Mata.

Al rendir ayer su último informe como presidente del Poder Judicial del Estado, el magistrado defendió el proceder de sus funcionarios y confió en que el dinero sea restituido al Poder Judicial de Coahuila.

Sin embargo, admitió que todavía están pendientes las averiguaciones penales que haga la PGJE antes las denuncias que el mismo Poder Judicial interpuso.

“Fueron circunstancias que se debieron a los actos presuntamente ilícitos de sus administradores, no por irregularidades de quienes tenían a su cargo la administración del Fondo para el Mejoramiento (para la Administración de Justicia)”, señaló Pérez Mata al dedicar poco más de cuatro minutos a este tema dentro de su informe.

Ante magistrados y directivos del Poder Judicial de Coahuila, dijo que éste se constituyó en ofendido por este motivo, por el cual se llevaron a cabo las acciones legales y administrativas conducentes para ejercer el derecho sobre las inversiones radicadas en Ficrea.

Y en entrevista, Pérez Mata subrayó que los tres funcionarios que en los últimos meses salieron del Poder Judicial lo hicieron por “motivos personales” y no por estar relacionados con el fraude en mención.

VANGUARDIA informó en su oportunidad el Oficial Mayor Héctor Alvear, así como la directora de Recursos Financieros, María del Carmen Ibarra Vázquez, y el Auditor Interno, Salvador Balderas Rangel, renunciaron a sus cargos.

“Ellos renunciaron por razones personales, lo que quiero dejar claro es lo siguiente: hasta el día de hoy en el Consejo de la Judicatura no encontró una circunstancia que derivara en una sanción en funcionarios del Poder Judicial”, insistió.

“Actuamos conforme a nuestras disposiciones legales, fuimos defraudados definitivamente y por ellos ejercitamos las acciones que nos competía hacerlo, como lo hicimos con oportunidad y en forma completa”, agregó.

Sobre las investigaciones que hace la PGJE, dijo que ya estará en sus manos hacer las investigaciones penales correspondientes.

“Nuestra obligación y así lo hicimos, es poner en conocimiento de estos hechos a las autoridades del Ministerio Público y estarán pendiente estas instancias. Se tiene que investigar la actuación, el análisis de las circunstancias de la contratación y ya deslindar responsabilidades, pero ya está en manos de otra autoridad”, advirtió.