Ex mandos de la Policía Federal utilizaron dinero de viáticos para desviar millones de pesos de la corporación entre 2013 y 2017. 

Aunque Jesús Orta y Frida Martínez, ex secretarios generales de la dependencia ya son perseguidos por el presunto desvío de 2 mil 500 millones de pesos, la corporación acumula anomalías por 24 mil 262 millones de pesos.

Una parte de esos desvíos ocurrió a través de 246 cheques endosados a otros 17 ex servidores públicos que también ya tienen orden de aprehensión.

De acuerdo con informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que ya son revisados por la Fiscalía General de la República (FGR), los recursos eran entregados supuestamente para el pago de gasolina, alimentos, hoteles, bonos y otros viáticos de los agentes de la corporación.

En el sexenio pasado, agentes federales dijeron a Grupo REFORMA que sus mandos lucraron con los viáticos y con los bonos de riesgo de los elementos operativos desplegados para el combate al crimen organizado.

Incluso llegaron a ser desalojados de hoteles por la falta de pago.

En ese tiempo, la Policía Federal contrató, entre otras, a la empresa KolTov para dar viáticos y hospedaje a sus oficiales.
Pero en un oficio fechado el 7 de noviembre de 2017, Jaime Vega, gerente general de Hoteles Vista Hermosa, en Michoacán, pidió a KolTov que liquidara su deuda, con la advertencia de que con ocho meses de retraso, 500 policías serían desalojados.

El pago no llegó.

Los policías alegaron que el dinero sí fue depositado, pero que se lo dividieron entre la empresa y los mandos.

"Siempre hubo transa, los compañeros reclamaron casi siempre su bono de riesgo y los mandos les inventaban cualquier falta y los amenazaban con fincarles delitos", indicó un agente ahora adscrito a la Guardia Nacional.

La ASF también encontró que de 2010 a 2017, el Comité Técnico del Fideicomiso para la Plataforma de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento de Seguridad Pública y de Aeronaves le autorizó a la PF la adquisición de 40 autos por 83.4 millones de pesos.

No obstante, se detectaron sobreprecios y adquisiciones no comprobadas.

En la auditoría 24-GB, de 2017, se comprobó que la corporación tuvo deficiencias en la operación y supervisión de los recursos para servicios de hospedaje, alimentación y apoyo logístico en despliegues táctico-operativos, pues registró pagos por 8 mil 108 millones de pesos sin contar con la evidencia documental de los gastos.

También se encontraron pagos improcedentes por 6 mil 154 millones de pesos por servicios de traslado de personal, dado que se incluyeron como turnos completos trabajos de una y hasta ocho horas.

Al inicio de la actual Administración, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reportó que arrastraba adeudos por casi 10 mil millones de pesos de ejercicios anteriores.

Sólo del ejercicio presupuestal 2018, la dependencia tiene deudas por 4 mil 907.5 millones de pesos, casi el 50 por ciento del total de su gasto.

Y sólo por bonos se reportó un adeudo de 260 millones de pesos.