José Dolores Medina Peregrino fue ferrocarrilero durante 33 años, pensaba que el esfuerzo de su vida se vería recompensado en su jubilación...pero ésta nunca llegó. Murió sin recibir un solo peso.

Cuando estaba por meter sus papeles para pensionarse, se dio cuenta que Ferrocarriles Nacionales de México (FFCC) no quería darle lo que por ley y trabajo le correspondía, así que decidió demandarlos.

El fallo del juez le resultó favorable, pero José Dolores ya había muerto. Él era uno de los 204 ex trabajadores jubilados en Chihuahua, cuyos laudos les han sido favorables y por los que el gobierno federal tendrá que desembolsar: 7 mil 928 millones 820 mil 390 pesos, según la planilla de liquidación.

Medina Peregrino comenzó a laborar en FFCC en octubre de 1946 como garrotero de patio en trenes. En 1983 obtuvo su retiro con el puesto de superintendente de transportes en trenes.

Nunca recibió el ajuste en su liquidación, tal y como lo marca el Contrato Colectivo de Trabajo. Murió sin saber nada de su dinero. Él es tan sólo uno de 50 que han muerto, esperando lo que por derecho les correspondía.

Después de por lo menos 11 años de espera y 8 amparos directos, el pasado 13 de agosto de 2019, 204 ex trabajadores de FFCC en Chihuahua recibieron el laudo a su favor como jubilados. Lo trágico es que pese a que el juicio los favoreció, siguen esperando su dinero.

La resolución de la Junta Especial 26 de la Federal Conciliación y Arbitraje con sede en la ciudad de Chihuahua fue que “FFCC tendría que otorgar una pensión mensual, incluyendo canasta básica, despensa y aguinaldo, con las actualizaciones y aumentos desde la fecha en que se emitió tal resolución”.

De acuerdo con los documentos que MILENIO tiene en su poder y en opinión del abogado de los trabajadores, David Vázquez Enríquez, al ya no existir esta empresa “las pensiones las pagan por medio de un fideicomiso. Por lo tanto, no existen bienes que se puedan embargar para garantizar nuestro laudo”.

Previendo eso, el 4 de junio de 2001 fue publicado un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) donde se designa al gobierno federal como responsable solidario y subsidiario del fideicomiso para pagar las pensiones de los ferrocarrileros y la liquidación de lo que fue la empresa. Esto último garantizado en otro decreto del 10 de octubre de 2012.

Con esto, la administración del fideicomiso quedó en manos del entonces Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), ahora conocido como Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

La presentación de juicios, ante esta Junta Especial, dio inicio en agosto de 2009; en aquella ocasión fueron 272 trabajadores los que presentaron cada quien su respectiva demanda, explica su abogado David Vázquez Enríquez.

Al paso del tiempo, 55 de esos demandantes se desistieron; alrededor de 17 perdieron su caso y al dia de hoy, 204 esperan se les pague al tener un laudo firme a su favor: el pago de liquidaciones o pensiones adeudadas o la pensión vitalicia, según el caso de cada uno.

Dichas resoluciones de los tribunales del expediente 1693/09, comenzaron a emitirse en 2016, fue también el año cuando sale el primer laudo en contra de un trabajador. Se había logrado el ajuste y/ o jubilación al 100 por ciento de sus salarios.

“Queremos que se les pague una cantidad decorosa por tantos años de servicio máxime que tuvieron laudo justo para juicio pesado se les debe reconocer su derecho”, pide el abogado.

De esos 204 que ya debieron haber cobrado, 50 han muerto. “Es lamentable que no hayan visto reflejado su derecho; cada mes hay un fallecido es lamentable que no hayan recibido su pago en vida”.

Sin embargo, debido a que se está hablando de pago de jubilación y no de pensión vitalicia, salvo algunos casos, “se le tiene que pagar a la viuda o hijos las cantidades y pensiones adeudadas hasta la fecha que fallece”.

Vázquez Enríquez, precisó que en su momento los trabajadores fueron dejados en el abandono, tanto por el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana que dirige Víctor Flores, como por otras corrientes sindicales a su interior. Ellos “nada tienen que ver con los trabajadores que demandaron” y que ahora han ganado.

Uno de los últimos laudos emitidos por la Junta Especial fue el de febrero de 2019, donde se daba un plazo de 72 horas al gobierno federal “para que de cumplimiento voluntario” a lo decidido; sin embargo, como los laudos favorables a los ex trabajadores que vienen de 2016, esto no se ha hecho efectivo.