SAN DIEGO.- El Gobierno de EU informó hoy que ha reunificado a 450 niños entre 5 y 17 años de edad que fueron separados de sus padres en la frontera, un “progreso” a ojos del magistrado que ve el caso y que dio hasta el 26 de julio para reunir a un total de 2 mil 500 menores.

Durante una audiencia en una corte federal de San Diego, donde se sigue una demanda entablada contra la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, abogados del Gobierno señalaron que de un total de 2,551 niños identificados en esa franja de edad solo son elegibles para la reunificación 1,606 niños.

Hasta la fecha, el Gobierno ha devuelto a sus padres a 450 menores en esa franja de edad, cuando falta menos de una semana de que venza el plazo, un proceso que ha sido visto por el juez federal Dana Sabraw como un “gran progreso” al menos entre los menores elegibles.

El juez, que en anteriores sesiones había sido duro y enfático con los abogados del Departamento de Justicia, manifestó incluso que ve un panorama “prometedor” para que se realice el total de reunificaciones en tiempo y de manera segura para los menores.

Representantes del Departamento de Justicia señalaron, tal como lo hicieron el jueves en un reporte remitido a la corte, que los casos en los que no aplica la reunificación incluye a padres con antecedentes criminales o que han renunciado a ese beneficio dado que prefieren ser deportados sin sus hijos.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que interpuso la demanda colectiva a nombre de los padres separados de sus hijos, solicitó al juez que el Gobierno entregue la lista de los 136 padres que renunciaron a su derecho de reunificación para asegurarse que hayan comprendido lo que implica esa decisión, en concreto “no volver a ver a sus hijos”.

Activistas defensores de los derechos humanos coinciden en que se debe poner atención a los padres que tomen esa “difícil decisión”.

Dentro del plan de reunificación dado a conocer por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) se contempla que el padre deje constancia de su intención de regresar con su hijo y, de hacerlo así, se procede a programar el reencuentro en un plazo no mayor a 48 horas.

Los abogados del Gobierno señalaron hoy que 954 padres ya han sido entrevistados y han recibido la aprobación de las autoridades federales y, en ese sentido, esperan que el número de reunificaciones crezca en los próximos días, cuando se acerca el plazo impuesto por el magistrado.

Durante la audiencia de hoy, los abogados del Departamento de Justicia recordaron que una vez que se entrega al menor con el padre se procede a dejar a la familia en libertad condicional, con una tobillera eléctrica.

En el escrito llevado a la corte el pasado jueves, el Gobierno federal informó que cuentan con una orden de deportación de 719 padres que forman parte del objeto de esta demanda colectiva.

Según el texto, ACLU ha recibido del Gobierno una lista diaria con los nombres de los padres que ya han sido aprobados para la reunificación, no obstante esta organización pidió en el mismo documento que antes de este fin de semana se le entregue una lista de los padres ya liberados por el Servicio de Inmigración.

Esta semana, Sabraw ordenó frenar por lo menos hasta el lunes las deportaciones de familias recién reunificadas para que tengan oportunidad de analizar sus opciones legales, entre ellas que el niño se mantenga en Estados Unidos.

Los abogados de ambas partes no dieron comentarios a la prensa al término de la audiencia de hoy, la quinta celebrada en dos semanas.

El juez Sabraw ordenó en junio pasado al Gobierno la reunificación de los cerca de 3.000 menores que fueron separados de sus familias tras cruzar la frontera con México como parte de la política de Trump de “tolerancia cero” con la inmigración ilegal.

El pasado martes se cumplió la primera parte del plazo dado por el magistrado al Gobierno para reunificar a las familias de los niños más pequeños.

El Gobierno debía entregar a 103 menores de 5 años, aunque finalmente esa cifra quedó reducida a poco menos de 60 debido, según el Ejecutivo, a medidas de seguridad con los niños, entre otros motivos.

ACLU recomendó algún tipo de compensación para los niños menores de cinco años, entre ellos que el Gobierno establezca un fondo para brindarles “terapias emocionales”.