La era de la neutralidad en la red toca este jueves a su fin en Estados Unidos. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, en su siglas inglesas), bajo control republicano, tiene previsto aprobar la retirada de las medidas establecidas en 2015 para blindar la equidad en internet. Frente a una red entendida como “bien público”, donde los proveedores están obligados a tratar por igual todos los datos sin importar su origen, tipo y destino, se va a imponer un sistema que permite diferentes velocidades en función del pago y de los intereses de los operadores.

El cambio ha llegado de la mano de los grandes proveedores. Gigantes de las telecomunicaciones como Comcast, AT&T o Verizon se han aliado con la Administración de Donald Trump para romper el dique legal que evitaba precisamente que esas empresas acabasen imponiendo sus dictados en el tráfico y los contenidos de la red. Bajo el sistema aprobado en la era de Barack Obama, el operador debía ofrecer siempre el mismo trato. Se le impedía bloquear el acceso a páginas web, lentificar la conexión o acelerarla bajo pago. El criterio era la equidad. Evitar la discriminación. Salvaguardar la neutralidad del sistema nervioso del conocimiento mundial. Todo ello se viene abajo si este jueves, como todo indica, se aprueba el cambio.

Las consecuencias de esta desregulación pueden ser profundas. “La neutralidad en la red garantizaba la competitividad darwiniana entre todos los posibles usos de Internet de forma que sobreviviesen los mejores”, ha escrito Tim Wu, el profesor de la Universidad de Columbia que acuñó el concepto. Derribado este blindaje, empieza el juego de la discriminación.

Aunque los proveedores no han manifestado sus planes, se abre la puerta a que negocien acuerdos con portales, a que puedan ofrecer paquetes de servicios de internet parecidos a los de las televisiones por cable, y que, a la postre, doten de mayor velocidad a sus asociados en detrimento de los que no. E incluso que bloqueen a quienes compitan con sus ofertas.

Rota la neutralidad, el caleidoscopio de escenarios es casi inagotable, pero se resume en la posibilidad de escalas de servicio y, por tanto, precios distintos para el usuario y también para las grandes compañías. Este último punto es especialmente delicado. Una queja antigua de los operadores es el gasto generado por los portales más grandes y su uso masivo de datos. Esto puede dar pie a tarifas especiales, algo asumible posiblemente por Google, Amazon o Facebook, pero oneroso para nuevas empresas o aquellas en situaciones financieras precarias.

El presidente de la FCC, Ajit Pai, principal enemigo de la neutralidad en la red, ha negado reiteradamente que los cambios vayan a aumentar costes al usuario, frenar la velocidad o permitir bloqueos. Entre sus argumentos figuran que nada de esto ocurría antes de 2015 y que, por el contrario, la reforma ha reducido la inversión en banda ancha hasta el punto que de continuar esta caída no solo peligraba la velocidad en la red sino que el consumidor se iba enfrentar a un aumento de los precios.

“La retirada de la neutralidad supondrá volver a un internet libre y abierto; el gobierno dejará de regular cómo los proveedores deben manejarse, y estos tendrán incentivos para afrontar la próxima generación de redes y servicios”, ha declarado Pai.

El control de los operadores y la persecución de las prácticas injustas o lesivas recaerá en la Comisión de Comercio Federal, con autoridad en competencia y consumo, mientras que la FCC, que regula las telecomunicaciones, supervisará que mantengan la transparencia e informen sobre su actividad respecto al tráfico y los datos. Ambos organismos son agencias federales independientes. La mayoría de la FCC es de designación republicana.

Una vez aprobada la iniciativa, solo hay dos formas de impedir la aplicación. Los tribunales o una ley. Ninguna parece fácil de lograr en el corto plazo. Pero el frente opositor no deja de ser amplio y poderoso. Los demócratas, al igual que las grandes compañías de internet, consideran que la desregulación ataca el nervio central de la red. “La medida sólo se la pueden creer aquellos que piensan que los proveedores de Internet van a poner el interés del publico por delante del de sus inversores”, ha llegado a declarar uno de los comisarios demócratas de la FCC. “Para saber lo que va a ocurrir basta con mirar cómo en la última década los operadores han intentado aplastar a sus competidores”, dijo el martes el congresista demócrata, Mike Doyle, quien ha anunciado la presentación de una ley para impedir la desregulación. Una iniciativa destinada al fracaso ante la casi monolítica oposición de los republicanos a la reforma de Obama. Otro golpe de Trump a su legado.