El número de niños que viajaban solos y que fueron recogidos en la frontera sur de Estados Unidos por las autoridades de inmigración probablemente alcanzó un récord máximo en julio, y el número de personas que ingresaron en grupos familiares posiblemente llegó a su segundo total más alto jamás registrado, dijo un funcionario federal, citando cifras preliminares del gobierno.

Los fuertes incrementos con respecto a junio fueron sorprendentes porque los cruces suelen disminuir durante el asfixiante calor del verano.

Las autoridades federales presumiblemente recogieron a más de 19,000 niños solos en julio, lo que superaría el máximo previo de 18,877 en marzo, según David Shahoulian, subsecretario de políticas fronterizas y de inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional. El total de junio fue de 15,253.

El número de personas encontradas que viajaban en familia durante julio se prevé que ronde las 80,000, señaló Shahoulian. Eso está por debajo del récord máximo de 88,857 de mayo de 2019, pero es un incremento con respecto a las 55,805 en junio.

En total, las autoridades de Estados Unidos detuvieron a inmigrantes aproximadamente 210,000 veces en la frontera en julio, comparados con los 188,829 de junio y la mayor cantidad en más de 20 años. Pero las cifras no son comparables directamente porque muchos cruzan repetidas veces debido a que, por la pandemia, son expulsados del país inmediatamente sin darles una oportunidad de solicitar asilo y sin sufrir consecuencias jurídicas.

La actividad estuvo concentrada abrumadoramente en los sectores Del Rio y Rio Grande Valley de la Patrulla Fronteriza, en el sur de Texas. Por allí cruzaron más de siete de cada 10 personas que ingresaron en familias.

En el sector del Rio Grande Valley, el “epicentro del actual aumento”, agentes detuvieron a inmigrantes aproximadamente 78,000 veces en julio, dijo Shahoulian, un incremento con respecto a 59,380 en junio y 51,149 en mayo.

Las cifras reveladas por el gobierno fueron presentadas en un documento judicial horas después de que grupos activistas reanudaron una batalla jurídica para poner fin a la autoridad del gobierno para expulsar a familias en la frontera presuntamente para prevenir la propagación del coronavirus.

El lunes, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) renovaron esos poderes de emergencia, conocidos como Título 42 con base en una ley de salud pública de 1944. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó que continuaría aplicando la prohibición a otorgar asilo a adultos solos y familias a pesar de la creciente presión de grupos defensores de los inmigrantes de que no se justifica con base en la salud pública. Los niños que viajan solos están exentos de dicha prohibición.

“El Título 42 no es una autoridad de inmigración, sino una autoridad de salud pública, y su uso continuo es dictado por los CDC y gobernado por el análisis efectuado por los CDC de hechos de salud pública”, señaló el DHS en un comunicado.

El conteo definitivo de los arrestos fronterizos de julio no estará listo sino hasta después de varios días, pero las cifras preliminares suelen ser bastante cercanas. Durante los primeros 29 días de julio, las autoridades interceptaron un promedio diario de 6,779 personas, incluyendo 616 niños solos y 2,583 que llegaron en grupos familiares, señaló Shahoulian.

Se prevé que el número de personas detenidas en familias alcance un máximo histórico durante el año fiscal 2021 que concluye el 30 de septiembre, señaló Shahoulian, y dijo que probablemente será más elevado si los tribunales ordenan que se suspendan los poderes relacionados con la pandemia.

Las cifras crecientes han generado saturación en las instalaciones de detención, manifestó Shahoulian. La Patrulla Fronteriza tenía a 17,778 personas bajo custodia el domingo, a pesar de una “capacidad ajustada por COVID-19” de 4.706. El sector del Rio Grande Valley tenía detenidas a 10,002 de ellas.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y otros grupos activistas indicaron el lunes que pondrían fin a las conversaciones para alcanzar un acuerdo con el gobierno del presidente Joe Biden en torno a la exigencia que plantean de que se derogue la facultad relacionada con la pandemia que niega a las familias la posibilidad de solicitar asilo.

Con el impasse se reanuda una batalla jurídica ante el juez federal de distrito Emmet Sullivan en Washington.

“Estamos profundamente decepcionados de que el gobierno de Biden ha abandonado su promesa de un trato justo y humano para las familias que buscan seguridad, dejándonos sin otra opción que reanudar el litigio”, dijo Neela Chakravartula, abogada gerente del Centro de Estudios sobre Género y Refugiados.

Desde fines de marzo, la ACLU ha estado trabajando con activistas para elegir a inmigrantes especialmente vulnerables estancados en México con el fin de que el gobierno de Estados Unidos les permita ingresar a solicitar asilo. Lee Gelernt, abogado de la ACLU, dijo que las exenciones continuarán una semana más.

“Siete meses de esperar a que el gobierno de Biden le ponga fin al Título 42 son más que suficientes”, señaló Gelernt.

La ruptura en las negociaciones refleja las crecientes tensiones entre los activistas y el gobierno en torno al uso de las expulsiones y a la decisión del gobierno la semana pasada de reanudar los vuelos de deportación por vía rápida para familias hacia Guatemala, El Salvador y Honduras.

La semana pasada, el Comité Internacional de Rescate y la Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante (HIAS, por sus siglas en inglés) también dijeron que estaban poniendo fin a sus gestiones para ayudar al gobierno a elegir a qué migrantes exentar de la negación de asilo relacionada con la pandemia. Los grupos activistas en pro del asilo habían estado trabajando de manera paralela con la ACLU para identificar a inmigrantes especialmente vulnerables estancados en México.

Los CDC indicaron el lunes que la prohibición al asilo se mantendrá hasta que su director “determine que el peligro de una mayor introducción de COVID-19 a Estados Unidos por parte de personas que no son ciudadanos estadounidenses y que provienen de México o Canadá ha dejado de ser un peligro para la salud pública”.