Casi ocho meses después de haber sido extraditado a los Estados Unidos y tras declararse culpable de lavado de dinero, así como realizar un acuerdo con la Fiscalía para no enfrentar a un jurado, el exgobernador interino de Coahuila, Jorge Torres López, fue condenado ayer a una pena de 36 meses en prisión, de los cuales habría compurgado ya la mayor parte.

La condena impuesta ayer por la juez texana Nelva Gonzales resultó muy inferior a la que originalmente se había especulado y que implicaría 20 años en prisión y alrededor de medio millón de dólares de multa. En cambio, además de los tres años de prisión, a Torres López se le impuso el pago de únicamente 100 dólares por concepto de una “evaluación especial”.

Ayer también se conoció de la condena a cinco años de libertad condicional y 100 horas de servicios comunitario Luis Carlos Castillo, conocido como “El Rey de los Dragones” y quien habría actuado en complicidad con el exmandatario estatal para la adjudicación de obras públicas cuyo precio incluyó sobornos para aquel.

¿Por qué las condenas “benévolas” en contra de estos dos delincuentes confesos? La respuesta a dicha interrogante se encuentra en el hecho de que ambos se declararon culpables, firmaron acuerdos con la Fiscalía y cooperaron con las autoridades, presumiblemente para armar nuevos casos en contra de “peces más gordos”.

Con independencia de la opinión que nos merezcan las sentencias dictadas en estos casos, el saldo es muy claro: ambos individuos fueron investigados, perseguidos y llevados ante un juez. Hoy son delincuentes confesos y, al menos en los Estados Unidos, han pagado un precio por sus acciones.

No puede decirse lo mismo del aparato de justicia mexicana pese a que, de acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la Fiscalía General a cargo de Alejandro Gertz Manero proveyó “asistencia significativa” en el armado del caso ante las cortes estadounidenses.

En este sentido conviene recordar que tanto a Torres López como a Castillo se les persigue por haber cometido delitos en territorio de los Estados Unidos, pero a partir de conductas perpetradas originalmente en México en donde habrían actuado en contubernio para expoliar las arcas públicas.

¿A qué esperan los fiscales Gertz Manero y Márquez Guevara para iniciar sus propias investigaciones y judicializar los casos que, para el caso de nuestro país serían de mero trámite, pues ya les hicieron la tarea los investigadores del vecino país?